Un habitante de Ibagué denunció presuntos daños mecánicos en su vehículo luego de que fuera inmovilizado por una grúa de la Secretaría de Tránsito y Movilidad en el sector de la calle 42. Aunque reconoce la infracción por mal parqueo, cuestiona el manejo del automotor durante el procedimiento y asegura que, pese a informar lo ocurrido, no ha recibido respuesta por parte de las autoridades.
Un nuevo caso de inconformidad ciudadana se conoció en Ibagué tras la denuncia de un conductor que asegura haber sufrido daños en su vehículo luego de un procedimiento de inmovilización. El hecho ocurrió en el sector de la calle 42, donde una grúa de la Secretaría de Tránsito y Movilidad retiró el automotor por una infracción de mal parqueo. La situación ha generado preocupación por el manejo de los vehículos durante este tipo de operativos. El ciudadano afirma que el daño ocurrió mientras el carro estaba bajo custodia oficial. Hasta el momento no se ha emitido una respuesta institucional.
El denunciante es Gerson Zapata, quien relató que el incidente se presentó el pasado jueves en horas de la tarde. Según explicó, se dirigía a una cita médica previamente agendada en la sede de Colsubsidio. Al llegar al sector, encontró varias vías cerradas debido a trabajos de reparación. Esta situación redujo considerablemente las opciones de parqueo disponibles. Ante el riesgo de perder su cita médica, decidió estacionar el vehículo en un lugar no autorizado.
Zapata señaló que, al regresar, su automóvil ya estaba siendo retirado por la grúa de tránsito. En su testimonio dejó claro que no cuestiona la legalidad del comparendo ni la actuación de los agentes. Reconoció que cometió una infracción al estacionar en un punto prohibido. Sin embargo, enfatizó que su reclamo no está dirigido al proceso sancionatorio. Su inconformidad se centra exclusivamente en los daños ocasionados al vehículo durante el traslado.
De acuerdo con el ciudadano, el automotor habría sido asegurado de manera incorrecta por el operario de la grúa. Este procedimiento, según indicó, provocó daños en las llamadas tijeras traseras o en las horquillas de la suspensión. Como consecuencia, el vehículo quedó desalineado y presentó fallas mecánicas considerables. Zapata aseguró que estas piezas no tienen reparación y debieron ser reemplazadas. El costo de los arreglos fue asumido por él.
El afectado manifestó que, tras detectar el daño, informó la situación a las autoridades correspondientes. No obstante, afirma que hasta ahora no ha recibido una respuesta clara sobre la responsabilidad por lo ocurrido. Según su versión, el vehículo estaba bajo custodia de la Secretaría de Tránsito al momento del daño. Esta falta de respuesta ha incrementado su molestia. Considera que debería existir un protocolo claro para atender este tipo de reclamaciones.
El caso pone sobre la mesa la discusión sobre la responsabilidad de las entidades públicas cuando se presentan daños en bienes particulares durante procedimientos oficiales. Ciudadanos consultados señalan que es necesario garantizar no solo el cumplimiento de la norma, sino también el cuidado adecuado de los vehículos inmovilizados. La confianza en la autoridad se ve afectada cuando no hay respuestas oportunas. La transparencia en estos procesos es clave para evitar conflictos.
Zapata hizo un llamado a la Secretaría de Tránsito y Movilidad para que revise la capacitación de los operarios de grúas. A su juicio, estos funcionarios deben contar con formación técnica adecuada para evitar daños a los vehículos. También solicitó que se establezcan mecanismos ágiles de atención a los reclamos ciudadanos. Considera que reconocer errores fortalece la institucionalidad. El respeto por los derechos de los conductores es fundamental.
Finalmente, el ciudadano insistió en que su denuncia busca prevenir que otros conductores pasen por situaciones similares. Recalcó que no se opone a los controles de tránsito ni a la aplicación de sanciones. Su petición es que, cuando se presenten daños durante procedimientos oficiales, exista una respuesta clara y responsable. El caso queda ahora a la espera de un pronunciamiento por parte de las autoridades competentes. La ciudadanía permanece atenta a una posible solución.
