El Consejo de Estado decretó la suspensión provisional del decreto gubernamental que estableció un incremento del 23,7% en el salario mínimo legal para 2026, fijándolo en $1.750.905.
La medida cautelar responde a múltiples demandas que cuestionan la legalidad y los fundamentos técnicos del ajuste, mientras el tribunal analiza el fondo del asunto y ordena al Ejecutivo expedir un decreto transitorio en un plazo de ocho días.El Gobierno Nacional había expedido el Decreto 1469 de 2025 tras el fracaso de las negociaciones en la mesa de concertación tripartita, integrada por representantes del Ejecutivo, empresarios y centrales obreras.
Ante la ausencia de acuerdo, la administración optó por fijar unilateralmente el aumento, un mecanismo contemplado en la legislación colombiana para estos escenarios de desacuerdo.Este incremento del 23,7% representaba el más elevado en la historia reciente del país, elevando el salario mínimo de $1.423.500 (vigente en 2025) a $1.750.905, con un auxilio de transporte adicional que llevaba el total a cerca de $2.000.000 para muchos trabajadores.
Sin embargo, alrededor de 30 demandas de nulidad fueron presentadas ante el Consejo de Estado por diversos sectores, principalmente empresariales, que alegaron irregularidades procedimentales y falta de sustentos técnicos, económicos y constitucionales adecuados para justificar un ajuste tan significativo.Los demandantes argumentaron que el decreto no explicaba de forma clara y verificable cómo se llegó a un porcentaje tan superior a las proyecciones inflacionarias y de productividad habituales, lo que podría generar impactos negativos en el empleo y la formalización laboral.
La Sección Segunda del alto tribunal, en una decisión con efectos diferidos pero inmediatos tras notificación, acogió la solicitud de medida cautelar y suspendió provisionalmente los efectos del decreto original para prevenir daños irreparables mientras se resuelve el fondo de las controversias.Como consecuencia, el Consejo de Estado ordenó al presidente de la República y a los ministros de Trabajo y Hacienda expedir, en un plazo máximo de ocho días hábiles, un nuevo decreto que fije un porcentaje transitorio de aumento y el valor correspondiente del salario mínimo para 2026, basado en criterios metodológicos, económicos y constitucionales verificables.
La discusión ahora pasa a manos del Consejo de Estado en su estudio de fondo, donde determinará si el decreto original se ajusta o no a las normas que regulan la fijación del salario mínimo en Colombia, manteniendo la suspensión hasta la sentencia definitiva.
