La Contraloría General de la República abrió una evaluación especial a Emportega tras una denuncia de la veeduría Tolima Despierta sobre presuntas inconsistencias financieras que involucrarían un posible desfalco superior a 200 millones de pesos.
La Contraloría General de la República decidió poner bajo revisión a la Empresa de Servicios Públicos de Ortega, Emportega, luego de recibir una denuncia formal por parte de la veeduría Tolima Despierta. Según la comunicación enviada por el organismo de control, ya avanza una evaluación específica para determinar si existen irregularidades administrativas o financieras dentro de la entidad. La apertura de esta indagación marca un nuevo capítulo en la vigilancia sobre las empresas públicas municipales del Tolima.
La denuncia fue radicada por el veedor ciudadano Gustavo Adolfo Collazos, quien manifestó que desde hace semanas circulan versiones sobre supuestas inconsistencias encontradas en los estados financieros de Emportega. De acuerdo con la información revelada por la veeduría, habría sido la contadora de la entidad quien detectó las presuntas anomalías y las habría puesto en conocimiento del alcalde de Ortega, Diego Matiz, sin que hasta ahora se conozcan medidas internas frente a esos hallazgos. Este silencio generó inquietud entre algunos sectores ciudadanos.
En la carta dirigida a Collazos, la Gerencia Departamental Colegiada del Tolima confirmó que la denuncia será tramitada de acuerdo con los protocolos establecidos por la Contraloría General. Además, señaló que todas las actuaciones necesarias se adelantarán hasta entregar una respuesta definitiva o de fondo, la cual deberá darse antes del 25 de febrero de 2026. La comunicación deja claro que la entidad asume con seriedad la queja elevada y que el proceso de verificación ya está en marcha.
El veedor ciudadano también advirtió en su escrito sobre la posible existencia de un desfalco en Emportega, cifra que, según las versiones preliminares, podría superar los 200 millones de pesos. Collazos solicitó una auditoría financiera y forense que permita determinar la veracidad de estos señalamientos y pidió que se escuche en declaración a funcionarios y exfuncionarios que habrían tenido relación con los movimientos contables cuestionados. Según él, esta es la única vía para esclarecer los hechos.
En su comunicación, Tolima Despierta manifestó tener poca confianza en los organismos de control del nivel municipal, razón por la cual elevó la denuncia directamente ante la Contraloría General. El veedor sostuvo que en Ortega no existen “las garantías necesarias para una investigación imparcial”, una afirmación que ha generado reacciones diversas entre líderes comunitarios y sectores políticos que piden transparencia en el proceso. El caso ha despertado preocupación entre los habitantes del municipio.
La Contraloría, por su parte, aseguró que seguirá los procedimientos técnicos y legales correspondientes para determinar si las presuntas irregularidades denunciadas tienen sustento. La evaluación incluirá la revisión de documentos contables, estados financieros, contratos y cualquier prueba que pueda tener relevancia dentro del expediente. Este tipo de procesos suele ser riguroso y puede derivar en auditorías especiales si se identifican riesgos fiscales.
Entretanto, la comunidad de Ortega espera que las autoridades aclaren lo sucedido y que la investigación permita restaurar la confianza en la empresa de servicios públicos. Emportega es responsable de la prestación de agua potable, alcantarillado y otros servicios esenciales, por lo que cualquier afectación administrativa o financiera tiene impacto directo en la calidad de vida de los usuarios. La incertidumbre sobre estas posibles irregularidades mantiene en alerta a las organizaciones ciudadanas.
Por ahora, la empresa no ha emitido un pronunciamiento concreto sobre la apertura de la evaluación, mientras que líderes locales piden transparencia y colaboración total con el organismo de control. La expectativa se centra en el informe final que entregará la Contraloría antes de febrero de 2026, fecha en la que se definirá si las denuncias tienen fundamento o si se trata de una alerta infundada. Hasta entonces, el municipio seguirá atento a este proceso que involucra recursos públicos y responsabilidad administrativa.
