Crece la preocupación en el municipio de Dolores por la falta de avances en el contrato para el mejoramiento de la vía Prado–Dolores–Alpujarra, suscrito entre la Gobernación del Tolima y el Consorcio Pavimentar 24. Pese a haber sido legalizado en 2024 y contar con recursos superiores a los 29 mil millones de pesos, líderes comunales denuncian que en el tramo correspondiente a Dolores no se ha ejecutado ninguna intervención visible.
La comunidad del municipio de Dolores expresó su inconformidad frente al prolongado atraso del contrato vial que contempla el mejoramiento del corredor Prado–Dolores–Alpujarra–puente río Cabrera. La obra, que debía ejecutarse en un plazo de diez meses, fue legalizada en junio de 2024 y tenía como fecha inicial de terminación el 11 de mayo de 2025. Sin embargo, a enero de 2026 no presenta avances sustanciales. La situación ha generado molestia entre los habitantes. Los reclamos apuntan a una aparente falta de intervención en el tramo de Dolores. La comunidad pide explicaciones claras.
Johan González, presidente de Asojuntas del municipio de Dolores, aseguró que en el territorio no se evidencian trabajos ejecutados. Según el líder comunal, en más de 20 meses no se ha invertido un solo peso en la vía Dolores–Prado. Denunció que no se ha colocado ni material básico como cemento. Esta situación contrasta con intervenciones realizadas en otros municipios. González calificó el hecho como una grave falta de equidad territorial. Además, pidió respuestas directas de las autoridades. El reclamo se convirtió en una voz colectiva.
El contrato tenía como objeto el mantenimiento vial y la pavimentación de tres kilómetros entre Prado y Dolores. No obstante, según las comunidades, los trabajos se concentraron en el municipio de Alpujarra. En Dolores, en cambio, no se reportan frentes de obra activos. Esta diferencia ha profundizado el malestar ciudadano. Los habitantes consideran que fueron excluidos del proyecto. La vía continúa en mal estado. Las afectaciones impactan la movilidad y la economía local.
De acuerdo con los registros oficiales, el contrato fue suspendido inicialmente en mayo de 2025. La razón estuvo asociada a restricciones para el tránsito de vehículos de carga pesada en el municipio de Alpujarra. Posteriormente, esa situación fue superada y se autorizó el reinicio de la obra el 22 de mayo. Incluso, se concedió una prórroga de un mes. Sin embargo, pocos días después se decretó una nueva suspensión. Desde entonces, no se ha reanudado la ejecución.
Según la información publicada en el SECOP II, el último documento cargado corresponde al Acta de Suspensión No. 2. Este documento fue firmado el 19 de junio de 2025. En él se argumenta la necesidad de realizar ajustes técnicos al proyecto. Las modificaciones estarían relacionadas con rediseños en el tramo inicial. Estos cambios se originaron tras los incendios forestales registrados en septiembre de 2024. Desde entonces, no hay actas de reinicio. Tampoco se reportan avances posteriores.
A mediados de enero de 2026, el proyecto continúa sin fecha definida de reactivación. La falta de información oficial ha incrementado la incertidumbre administrativa y técnica. Las comunidades señalan que no existen reportes claros sobre el nuevo cronograma. Tampoco se conocen ajustes presupuestales. El silencio institucional ha sido motivo de críticas. Los habitantes exigen transparencia. Reclaman claridad sobre el estado real del contrato.
A esta situación se suma una nueva controversia. El alcalde de Alpujarra anunció recientemente la gestión de 3.600 millones de pesos adicionales para el mantenimiento de la vía hacia Dolores. Este anuncio generó desconcierto entre los líderes comunales. Según ellos, se estaría financiando dos veces el mismo objeto contractual. El primer contrato, afirman, sigue sin ejecutarse. Ahora se anuncian nuevos recursos. Esto ha despertado dudas sobre la planeación.
Los recursos iniciales del proyecto provienen de la OCAD Paz. Fueron viabilizados durante el gobierno departamental anterior y ejecutados en la actual administración. La comunidad cuestiona la gestión de estos dineros. Consideran que no se ha garantizado una distribución equitativa. También piden una auditoría clara del proceso. La inconformidad se ha hecho pública. Los líderes buscan respuestas de la Gobernación del Tolima.
Desde Asojuntas de Dolores se reiteró el llamado a la gobernadora Adriana Magali Matiz. Solicitan que se esclarezca qué está ocurriendo con el contrato. Piden que los responsables den la cara ante la comunidad. La situación, aseguran, afecta directamente el desarrollo del municipio. La vía es clave para la conectividad regional. El abandono prolongado agrava las dificultades sociales y económicas.
Finalmente, la comunidad advirtió que continuará elevando su voz hasta obtener respuestas concretas. Esperan que se defina una fecha real de reinicio de la obra. También exigen garantías de ejecución efectiva en el tramo de Dolores. Para los habitantes, no se trata solo de cifras, sino de cumplimiento. El contrato sigue suspendido. La expectativa es que las autoridades actúen con prontitud. El reclamo ciudadano permanece vigente.
