Aunque la Secretaría de Movilidad adelanta operativos de control, ciudadanos advierten que las fallas estructurales del sistema de transporte persisten por la falta de exigencia, vigilancia y gestión sobre las empresas habilitadas, lo que termina afectando directamente a los usuarios.
Un reciente operativo adelantado por la Secretaría de Movilidad fue calificado como positivo en términos de control al parque automotor, sin embargo, voces ciudadanas señalaron que estas acciones resultan insuficientes para resolver los problemas de fondo que enfrenta el transporte público. Para los críticos, el verdadero desafío está en ejercer una vigilancia efectiva y permanente sobre las empresas prestadoras del servicio.
De acuerdo con los cuestionamientos, uno de los principales vacíos radica en la falta de exigencia a las empresas para que cuenten con patios talleres propios. Según se indicó, si estas infraestructuras existieran y funcionaran adecuadamente, permitirían un control real sobre el estado de los vehículos, el cumplimiento de la operación y la aplicación de correctivos preventivos que garanticen la seguridad de los usuarios.
La crítica también recordó compromisos asumidos durante la campaña por la actual administración municipal, entre ellos el anuncio de acabar con las denominadas “chimeneas”, en referencia a los vehículos contaminantes. Frente a ello, se preguntan cuántos automotores en mal estado han salido realmente de circulación y cuántos vehículos nuevos han sido incorporados por las empresas de transporte.
En ese sentido, se cuestiona la gestión de la Secretaría de Movilidad, al considerar que se habla mucho de control, pero en la práctica los resultados no son visibles. Para los denunciantes, la falta de control, vigilancia y gestión termina perjudicando directamente al usuario, quien depende de un servicio seguro, oportuno y eficiente para su movilidad diaria.
Otro de los puntos señalados tiene que ver con la habilitación otorgada por la misma autoridad a determinadas empresas. Si estas fueron autorizadas para operar, se preguntan por qué actualmente no cumplen con las condiciones establecidas y por qué no se aplican sanciones efectivas cuando se incumplen las normas.
Asimismo, se puso en duda el manejo del plan de rodamiento, las frecuencias y los horarios, que son responsabilidad directa de la Secretaría de Movilidad. Casos puntuales como la no operación de busetas identificadas con placas WTM 167 de la ruta 8, WTQ 317, WTN 120 y WTN 110 generaron interrogantes sobre las razones por las cuales estos vehículos no estaban prestando el servicio.
La situación se agrava, según la denuncia, con empresas que presuntamente no cuentan con habilitación y que, aun así, suspenden de manera ilegal el despacho de vehículos, como sería el caso de Logalarza. Este tipo de actuaciones, aseguran, evidencian una falta de control efectivo por parte de la autoridad competente.
Finalmente, el llamado a la Secretaría de Movilidad es a asumir con mayor rigor su rol como autoridad, fortaleciendo la supervisión, la gestión y la aplicación de la norma. Para los ciudadanos, solo así se podrá garantizar un servicio de transporte digno y seguro, y demostrar con hechos que el control y la vigilancia sí están funcionando.
