El edil del corregimiento 13 de Ibagué, David Haya, confirmó que la comunidad de Chucuní rechaza categóricamente un proyecto minero en la zona. Aunque el proceso se encuentra detenido por resolución de Cortolima, se mantiene la expectativa frente a un fallo definitivo.
La comunidad de la vereda Chucuní, en el corregimiento 13 de Ibagué, ha manifestado su oposición total a la posibilidad de una explotación minera en su territorio. Según el edil de la zona, David Haya, aunque el proyecto actualmente está detenido, las acciones judiciales por parte del interesado en la actividad minera generan incertidumbre entre los habitantes
- Puede leer: Proyecto minero en Chucuní sigue en disputa
En diálogo con LAOTRAVERDAD.CO Haya explicó que el pleito legal involucra al solicitante del proyecto minero, la Corporación Autónoma Regional del Tolima Cortolima y las comunidades. «La comunidad está completamente unida y opuesta a cualquier actividad minera. Por ahora, el proyecto está frenado, pero seguimos atentos al desarrollo del proceso judicial, afirmó el edil.
Cortolima, en su rol de proteger los recursos naturales, emitió una resolución que revocó los permisos iniciales para el proyecto minero. Sin embargo, el interesado en la actividad extractiva ha interpuesto recursos legales para reclamar sus derechos y revertir esta decisión, prolongando la disputa jurídica.
Ante un eventual fallo favorable al proyecto minero, la comunidad ha expresado su determinación de impedir cualquier avance. Según Haya, las acciones previstas incluyen bloqueos a la entrada de maquinaria y vehículos relacionados con la minería, además de continuar con la resistencia pacífica.
“Aunque todavía no hay una alerta mayor porque el proceso está en sus inicios, estamos preparados para actuar si es necesario. No vamos a permitir ninguna actividad que afecte nuestro territorio y medio ambiente”, enfatizó el edil.
La vereda Chucuní es una zona rica en biodiversidad, recursos hídricos y turismo, por lo que su comunidad argumenta que una explotación minera generaría daños irreparables al ecosistema y a su modo de vida. La lucha por la defensa del territorio refleja el compromiso de los habitantes con la preservación ambiental y su derecho a un entorno sano.
Finalmente, se espera que Cortolima, junto con otras entidades del orden nacional, emita un fallo definitivo que respalde la sostenibilidad ambiental de la región. La comunidad se mantiene unida y vigilante, esperando que las autoridades prioricen la protección del medio ambiente sobre los intereses económicos.
