Fracking, aspersión aérea, eliminación del impuesto al patrimonio, nuevas reglas frente a grupos criminales y una revisión de la JEP hacen parte de los anuncios que marcaron el inicio del Gobierno 2026-2030 y que ya provocan fuertes cuestionamientos desde sectores de oposición.
La posesión de Abelardo De La Espriella como presidente de Colombia para el periodo 2026-2030 dejó sobre la mesa una agenda política que plantea cambios significativos en materia de seguridad, ambiente, economía y justicia transicional.
Uno de los anuncios que mayor controversia genera es la decisión de impulsar nuevamente el fracking para la exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales, propuesta que enfrenta cuestionamientos de sectores ambientalistas por sus posibles efectos sobre las fuentes hídricas.
En la política antidrogas, el nuevo Gobierno anunció el regreso de la aspersión aérea sobre cultivos de coca, aunque planteó utilizar sustancias diferentes al glifosato. La propuesta abre nuevamente el debate sobre los impactos ambientales, sanitarios y jurídicos de esta estrategia.
Otro de los puntos destacados corresponde a la eliminación del impuesto al patrimonio, medida que impactaría principalmente a las personas con grandes fortunas sujetas actualmente a este gravamen. Desde la oposición cuestionan que la decisión pueda favorecer a los sectores de mayor capacidad económica.
En materia de seguridad, De La Espriella anunció que su Gobierno publicará una lista de organizaciones criminales con las cuales no estaría dispuesto a adelantar negociaciones. La determinación busca establecer una postura más estricta frente a estructuras armadas y organizaciones dedicadas al crimen.
También causó reacciones el anuncio de una eventual revisión del funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. Sectores críticos temen que esta decisión pueda afectar los mecanismos de verdad, justicia y reparación construidos para las víctimas del conflicto armado.
Frente a este nuevo panorama, sectores de oposición comenzaron a plantear una agenda de movilización y resistencia alrededor de la defensa ambiental, la política tributaria, la paz, los derechos de las víctimas y la protección de los territorios históricamente afectados por la violencia.
Los anuncios realizados durante el inicio del nuevo mandato anticipan un escenario de alta confrontación política. Mientras el Gobierno busca implementar su hoja de ruta para los próximos cuatro años, sus opositores preparan debates y acciones frente a las decisiones que consideran un giro hacia políticas de derecha y una visión económica de corte más liberal.
