Una fuerte controversia jurídica y política se desató tras el anuncio del Gobierno Nacional de emprender acciones legales contra 17 gobernadores que manifestaron no acatar los decretos expedidos en el marco de la emergencia económica y social.
Mientras el Ejecutivo defiende la legalidad de las medidas, los departamentos y ciudades capitales advierten graves afectaciones a la estabilidad financiera regional y a la prestación de servicios esenciales, y anuncian acciones ante la Corte Constitucional.
La declaratoria de emergencia económica y social por parte del Gobierno Nacional abrió un nuevo frente de tensión entre el Ejecutivo y los mandatarios regionales. La advertencia de posibles acciones legales contra 17 gobernadores que anunciaron su negativa a acatar los decretos ha intensificado el debate sobre los límites constitucionales y la autonomía territorial. El conflicto se centra en los decretos 1390 y 1474 de 2025, expedidos por el presidente Gustavo Petro.
El ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, fue enfático en señalar que cualquier decisión de los gobernadores de desconocer los decretos podría derivar en consecuencias jurídicas. Calificó esta postura como un “exabrupto jurídico” y aseguró que el Gobierno evaluará cada acto administrativo que emitan las gobernaciones para materializar su negativa, con el fin de determinar las acciones legales correspondientes.
Según Idárraga, los mandatarios departamentales no tienen competencia para cuestionar la validez de los decretos de emergencia, ya que esta función recae de manera exclusiva en la Corte Constitucional. Advirtió además que intentar desconocerlos mediante la figura de la excepción de inconstitucionalidad no sería procedente y podría configurar una usurpación de funciones constitucionales.
En contraste, la Federación Nacional de Departamentos (FND) expresó su preocupación por los efectos de las medidas adoptadas en el Decreto 1474 de 2025. La entidad sostuvo que el incremento del Impuesto al Consumo y el aumento del IVA del 5 % al 19 % afectan de manera directa las rentas propias de los departamentos, poniendo en riesgo su estabilidad financiera.
De acuerdo con la FND, estas decisiones comprometen la financiación de servicios esenciales como la salud, la educación y el deporte, pilares fundamentales de la gestión departamental. La federación advirtió que las regiones podrían enfrentar serias dificultades para cumplir con sus obligaciones si se mantiene la aplicación de estas disposiciones tributarias.
Tras una reunión extraordinaria con los gobernadores, la FND anunció la designación de una comisión de voceros que representará a las regiones en el proceso jurídico. Con su acompañamiento, los mandatarios analizarán de manera urgente los mecanismos legales para frenar los efectos del decreto, mientras la Corte Constitucional emite un pronunciamiento de fondo.
Los gobernadores argumentan que los motivos expuestos por el Gobierno Nacional no cumplen con los requisitos de sobreviniencia, imprevisibilidad y gravedad establecidos en el artículo 215 de la Constitución. Aseguran que se trata de problemas estructurales y previsibles que debieron atenderse a través de mecanismos ordinarios y no mediante facultades excepcionales.
En paralelo, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, Asocapitales, informó que radicó ante la Corte Constitucional una coadyuvancia a la solicitud de medida cautelar presentada por la Alcaldía de Medellín. La petición busca la suspensión provisional del Decreto 1390 de 2025, que declaró el Estado de Emergencia Económica y Social por 30 días.
Asocapitales y los departamentos coinciden en que la declaratoria de emergencia introduce un pulso institucional que afecta la descentralización fiscal y la autonomía territorial. Mientras el Gobierno defiende las medidas como temporales y necesarias para enfrentar la crisis fiscal, las regiones insisten en que estas decisiones debilitan sus capacidades financieras.
El debate ahora queda en manos de la Corte Constitucional, que ya avocó conocimiento de los decretos y deberá definir su constitucionalidad. Entre tanto, el país presencia un escenario de alta tensión política y jurídica, en el que se enfrentan la necesidad de ajuste fiscal del Gobierno Nacional y la defensa de los recursos y competencias de los entes territoriales.
