El reciente incremento del 13,7\% en el transporte público de la capital tolimense supera los ajustes de ciudades principales y desata críticas por el mal servicio y la nula inclusión.
El incremento del 13,7\% en el costo del pasaje en Ibagué ha generado una profunda indignación entre los usuarios del transporte colectivo. Esta cifra supera notablemente los aumentos registrados en ciudades como Bogotá, Manizales y Cali, donde los ajustes fueron más moderados. Para los ibaguereños, este nuevo valor representa un golpe severo a sus finanzas personales sin recibir mejoras a cambio. La brecha entre el costo pagado y la calidad del servicio percibida es cada vez más amplia y evidente. Los ciudadanos denuncian que se les exige pagar más mientras las condiciones de los vehículos continúan deteriorándose día tras día. La gestión administrativa del transporte local es hoy el centro de un intenso debate sobre la viabilidad del sistema.
Uno de los puntos más críticos es el evidente fracaso en las políticas de inclusión para personas con discapacidad motriz. Hace más de dos años se prometió la puesta en marcha de 41 busetas adaptadas con rampas y accesos especiales. No obstante, estas unidades no operan de forma correcta o simplemente no cumplen con su función básica en las rutas. Esta negligencia institucional condena a las personas con movilidad reducida a un transporte que no es digno ni accesible. La falta de soluciones reales demuestra una desconexión total entre las promesas gubernamentales y la realidad de las calles. La accesibilidad universal sigue siendo una deuda pendiente que las autoridades locales no han logrado saldar con resultados tangibles.
La problemática se extiende a todos los usuarios, quienes deben lidiar diariamente con retrasos constantes y una contaminación visual evidente. Las busetas presentan un estado de higiene deficiente y el servicio prestado por los conductores es calificado frecuentemente como mediocre. No existe una justificación técnica o social que respalde un aumento tan elevado cuando los estándares mínimos no se cumplen. La ciudadanía se pregunta dónde están las respuestas efectivas a las demandas históricas de puntualidad, seguridad y eficiencia operativa. Mientras el precio sube, la experiencia de viaje de los ibaguereños sigue estancada en prácticas obsoletas de movilidad urbana. La indignación crece al ver que el Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) no logra despegar de forma eficiente.
El papel del SETP ha sido cuestionado por su ineficacia para resolver los problemas estructurales que aquejan al transporte municipal. Las autoridades parecen más enfocadas en validar los incrementos tarifarios que en exigir el cumplimiento de las metas de calidad. Las promesas de una mejora integral del sistema se han quedado en palabras vacías que no convencen a los pasajeros. La gestión del SETP ha sido lenta y no ha mostrado avances reales en la modernización de la flota vehicular. Los ibaguereños perciben que el sistema actual prioriza los procesos burocráticos sobre la comodidad y seguridad de los ciudadanos. Sin una dirección estratégica clara, el transporte público de la ciudad corre el riesgo de entrar en un colapso.
En medio de esta controversia, el concejal conocido como «de los transportadores» ha salido a defender el alza del pasaje. Su argumento principal se basa en garantizar la viabilidad financiera de las empresas, ignorando el bienestar de los usuarios finales. Esta postura ha sido interpretada por muchos ciudadanos como un respaldo directo a los intereses privados sobre el bien común. La defensa del incremento no ha venido acompañada de explicaciones claras ni de evidencia que demuestre mejoras en el servicio. Los usuarios sienten que sus necesidades básicas son ignoradas mientras se protege el margen de utilidad de los empresarios. Esta aparente parcialidad legislativa aumenta la desconfianza de la población hacia sus representantes en el Concejo Municipal de Ibagué.
Es imperativo que las autoridades locales y las empresas transportadoras rindan cuentas transparentes ante toda la ciudadanía ibaguereña por estos hechos. Resulta incomprensible que se apruebe una carga económica adicional sin presentar un plan de acción concreto para elevar los estándares. Los contribuyentes no solo pagan más dinero, sino que también ven cómo se desatienden sus derechos fundamentales a la movilidad. La falta de rendición de cuentas perpetúa un ciclo de mal servicio que parece no tener un final cercano. Las respuestas gubernamentales han sido insuficientes para calmar el descontento de quienes dependen de las busetas para su trabajo. La transparencia debe ser el eje central de cualquier ajuste tarifario futuro para garantizar la legitimidad del sistema.
El aumento del transporte público no debe convertirse en una carga insoportable para las familias que viven en la capital. Es hora de que el bienestar de los ciudadanos sea la prioridad número uno por encima de los intereses particulares. Las empresas deben asumir su responsabilidad y garantizar vehículos limpios, conductores capacitados y rutas que cumplan con los horarios establecidos. Mientras no existan avances reales en eficiencia y tecnología, cualquier incremento será visto como una medida injusta y desproporcionada. La ciudad necesita líderes que se atrevan a transformar el modelo actual hacia uno más humano, sostenible y eficiente. La modernización no solo implica cobrar más, sino ofrecer un servicio que esté a la altura del siglo veintiuno.
La desconexión de las autoridades con las necesidades reales de la población es el principal obstáculo para el desarrollo vial. Las quejas de los usuarios sobre la calidad, frecuencia y trato del personal deben ser escuchadas y atendidas con urgencia. Un transporte digno es la base para el progreso de cualquier ciudad que aspire a ser competitiva y moderna. Ibagué merece un sistema donde la inclusión sea una realidad y no una promesa de campaña política que nunca llega. La presión social continuará hasta que se vean cambios sustanciales en la forma en que se gestiona la movilidad. Por ahora, los ibaguereños seguirán pagando un precio alto por un servicio que, lamentablemente, sigue siendo de muy baja calidad.
