La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria para establecer posibles responsabilidades por el no pago oportuno de salarios y prestaciones sociales en la Alcaldía de Santa Isabel, Tolima, durante los últimos meses de 2023, pese a la existencia de recursos previamente presupuestados.
La situación financiera de la Alcaldía de Santa Isabel volvió al centro del debate público tras la apertura de una investigación por parte de la Procuraduría General de la Nación. El proceso busca esclarecer las razones por las cuales funcionarios municipales no habrían recibido de manera oportuna el pago de sus salarios y prestaciones sociales al cierre de la vigencia 2023. El caso pone nuevamente sobre la mesa una problemática recurrente en varios municipios del Tolima, donde trabajadores oficiales enfrentan largos periodos de espera para recibir recursos ya asignados. La investigación se origina en quejas formales presentadas por los afectados. Estas denuncias señalan incumplimientos que habrían vulnerado derechos laborales básicos. La entidad de control busca determinar si existieron fallas administrativas o decisiones irregulares. El proceso se encuentra en etapa preliminar de recolección de pruebas.
La indagación involucra directamente a la actual alcaldesa de Santa Isabel, Diana Magaly Caro Galindo, quien asumió el cargo en enero de 2024. Sin embargo, los hechos investigados corresponden a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2023. Durante ese periodo, según la queja que dio origen al proceso disciplinario, no se habrían cancelado sueldos ni prestaciones como primas, bonificaciones y subsidios. Estas obligaciones ya figuraban como reconocidas en las cuentas por pagar del municipio. La Procuraduría analiza si existió omisión en el cumplimiento de los deberes funcionales. El objetivo es establecer si hubo negligencia o una indebida priorización del gasto público. Las autoridades han reiterado que el proceso se adelantará con pleno respeto al debido proceso.
Además de la alcaldesa, la investigación incluye a otros funcionarios y exfuncionarios de la administración municipal. Entre ellos se encuentra la secretaria de Hacienda en ejercicio, Laura Valentina Díaz Castellanos, así como el exalcalde Rodolfo Andrés López Sierra, quien estuvo al frente del municipio entre 2020 y 2023. También figuran las exsecretarias de Hacienda Yenny Paola Salinas Reyes y Sandra Milena Camelo Rodríguez. La Procuraduría busca establecer el grado de responsabilidad de cada uno en la gestión de los recursos. El análisis se centra en la toma de decisiones financieras durante el cierre del año fiscal. Se evaluará si las actuaciones se ajustaron a la normativa vigente. La participación de varios funcionarios refleja la complejidad del caso.
El foco principal del proceso disciplinario está en determinar si, pese a contar con recursos disponibles, estos no fueron priorizados para cubrir obligaciones laborales. De confirmarse esta situación, se evidenciaría una posible vulneración de los derechos de los trabajadores oficiales. La Procuraduría ha señalado que el pago oportuno de salarios constituye una obligación esencial de las entidades territoriales. La falta de cumplimiento puede generar consecuencias administrativas y disciplinarias. Este tipo de retrasos afecta directamente la estabilidad económica de las familias de los empleados públicos. También impacta la confianza ciudadana en la gestión municipal. Por ello, el caso ha despertado especial atención en el departamento.
Las tensiones financieras que enfrentó la administración municipal al cierre de 2023 son otro de los elementos que analiza el ente de control. Según versiones conocidas, el municipio atravesó dificultades para atender compromisos económicos acumulados. Sin embargo, la investigación deberá establecer si dichas dificultades justificaban el retraso en los pagos. La Procuraduría revisará documentos presupuestales, movimientos contables y decisiones administrativas. El objetivo es verificar si los recursos existían y cuál fue su destinación. La entidad busca esclarecer si hubo mala planeación financiera. También se evaluará si se presentaron posibles irregularidades en la ejecución presupuestal.
Este caso no es aislado en el contexto regional, ya que situaciones similares se han registrado en otros municipios del Tolima. Trabajadores oficiales han denunciado reiteradamente retrasos en el pago de salarios, incluso cuando los recursos ya han sido apropiados. La Procuraduría ha advertido que estas prácticas pueden configurar faltas disciplinarias graves. Además, generan un deterioro en la prestación de los servicios públicos. El retraso en los pagos afecta la motivación y el desempeño del personal. También incrementa los conflictos laborales al interior de las administraciones locales. Por ello, estos procesos buscan sentar precedentes.
Desde el Ministerio Público se reiteró que la investigación tiene como finalidad proteger los derechos de los servidores públicos. La Procuraduría enfatizó que garantizar el pago oportuno de salarios es una prioridad institucional. En esta etapa, se adelantan actuaciones probatorias para establecer la veracidad de los hechos denunciados. Una vez evaluadas las pruebas, se definirá si hay mérito para formular cargos disciplinarios. Las decisiones se adoptarán conforme a la ley. Las partes involucradas tendrán la oportunidad de ejercer su defensa. El proceso continuará bajo estricta reserva.
Finalmente, el avance de esta investigación será clave para determinar responsabilidades y evitar que situaciones similares se repitan. El caso de Santa Isabel pone en evidencia la necesidad de fortalecer los controles financieros en las administraciones municipales. También resalta la importancia de una gestión responsable de los recursos públicos. La ciudadanía y los trabajadores esperan claridad sobre lo ocurrido. La Procuraduría continuará informando sobre el desarrollo del proceso. Mientras tanto, el debate sobre la protección de los derechos laborales sigue abierto. El desenlace del caso marcará un precedente en el ámbito local.
