Un juzgado de Bogotá rechazó la acción de tutela presentada contra el decreto que incrementó en un 23 % el salario mínimo, ratificando la decisión del Gobierno nacional y la vigencia del ajuste salarial.
El Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá negó la acción de tutela interpuesta contra el Decreto 1469, que fijó un incremento del 23 % en el salario mínimo para el año 2026. La decisión fue adoptada tras analizar la solicitud de medida provisional presentada por el exmagistrado Alejandro Linares. Con este fallo, el despacho judicial dejó en firme el aumento decretado por el Gobierno nacional. El juez consideró que no se cumplían los requisitos legales. Tampoco evidenció una vulneración de derechos fundamentales. El salario mínimo continúa vigente sin modificaciones. La decisión tiene efectos inmediatos.
La tutela fue presentada por Linares en calidad de apoderado del ciudadano Alexander Donato Rondón. El recurso buscaba suspender provisionalmente el decreto mientras se resolvía de fondo la acción constitucional. Según el accionante, el incremento salarial debía ser objeto de mayor análisis. No obstante, el juez determinó que no existía urgencia ni necesidad de adoptar una medida provisional. El despacho señaló que el trámite ordinario de la tutela no agravaba la situación del accionante. Por ello, se negó la solicitud. La discusión quedó supeditada al fallo de primera instancia. El decreto sigue produciendo efectos jurídicos.
En su argumentación, el juzgado recordó los criterios fijados por la Corte Constitucional sobre la procedencia de las medidas provisionales. Indicó que estas solo se conceden cuando hay riesgo inminente de un perjuicio irremediable. En este caso, el juez concluyó que no se configuraba dicha circunstancia. La decisión se fundamentó en el análisis de los plazos legales. El despacho tiene diez días hábiles para decidir de fondo. Durante ese tiempo, no se afecta de manera grave la situación del accionante. Por tanto, no se justificaba la suspensión del decreto. El aumento salarial permanece intacto.
El fallo también precisó que la fijación del salario mínimo es una competencia del Gobierno nacional. Esta atribución se ejerce cuando no hay acuerdo en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. El juez destacó que el decreto fue expedido conforme a la normativa vigente. No encontró irregularidades evidentes en el procedimiento. Tampoco identificó una violación directa del derecho al mínimo vital. Por el contrario, el aumento busca proteger el poder adquisitivo de los trabajadores. La decisión judicial respaldó la legalidad del acto administrativo. El decreto conserva plena validez. La tutela no prosperó.
Con la negativa de la medida provisional, se reafirma el incremento del salario mínimo para 2026. El ajuste del 23 % se mantiene como uno de los aumentos más significativos de los últimos años. La medida impacta directamente a millones de trabajadores en el país. También incide en prestaciones sociales, aportes y contratos laborales. El fallo genera estabilidad jurídica frente a la decisión gubernamental. Los empleadores deberán cumplir con el nuevo salario. Los trabajadores conservan el aumento decretado. No hay suspensión ni congelamiento del ajuste. El salario mínimo queda fijo para el presente año.
Desde distintos sectores laborales, la decisión fue recibida como una garantía del mínimo vital. Organizaciones sindicales han defendido el incremento como una respuesta al alto costo de vida. Para estos sectores, la tutela representaba un riesgo para los ingresos de los trabajadores. El fallo judicial despeja esa incertidumbre. La estabilidad del salario mínimo permite mayor previsibilidad económica. También fortalece el consumo interno. La decisión judicial respalda la política salarial del Gobierno. El debate, sin embargo, continúa en el ámbito público. La discusión económica sigue abierta. El fallo se limita al plano constitucional.
Por su parte, algunos sectores empresariales han manifestado reparos frente al impacto del aumento. Han advertido posibles efectos en el empleo y la informalidad. No obstante, el juez no abordó estos aspectos de política económica. El análisis se centró exclusivamente en la procedencia de la tutela. El despacho recordó que existen otros mecanismos judiciales para controvertir actos administrativos. La tutela no es la vía adecuada para ese fin. La decisión refuerza el carácter subsidiario de esta acción. El debate deberá trasladarse a otras instancias. El decreto sigue en firme. No hay recursos contra esta determinación.
Con este pronunciamiento, el Decreto 1469 queda respaldado judicialmente en esta etapa del proceso. La negativa de la tutela fortalece la seguridad jurídica del aumento salarial. El Gobierno nacional mantiene su decisión sin modificaciones. El salario mínimo para 2026 continúa vigente y aplicable. La resolución marca un precedente sobre el uso de la tutela en temas salariales. La justicia reiteró los límites de este mecanismo constitucional. El fallo cierra, por ahora, este frente judicial. El debate continuará en escenarios políticos y económicos. Mientras tanto, el incremento salarial sigue rigiendo. El mínimo vital queda protegido.
