El presidente Gustavo Petro criticó duramente la decisión del Senado de archivar la Ley Financiera, acusando odio político, defensa de megarricos y riesgo para la estabilidad fiscal, mientras el Gobierno evalúa una posible emergencia económica y el Capitolio advierte nuevas tensiones institucionales.
El presidente Gustavo Petro reaccionó con fuerza al hundimiento de la Ley Financiera, decisión tomada por nueve senadores de la Comisión IV del Senado durante la tercera sesión convocada para debatir la reforma con la que el Gobierno buscaba cubrir un déficit de 16 billones de pesos en el Presupuesto Nacional. A través de sus redes sociales, el mandatario aseguró que el archivo de la iniciativa era “predecible” y resultado del “odio político por encima del interés nacional”. Petro afirmó que es incoherente negar una reforma destinada a obtener recursos de una economía “boyante” y de sectores que, según él, han duplicado sus utilidades por los mecanismos de deuda pública implementados en años anteriores. El discurso presidencial encendió el ambiente político en medio de un delicado escenario fiscal.
En su pronunciamiento, Petro insistió en que el Banco de la República ha permitido una transferencia masiva de recursos hacia los sectores más ricos mediante el encarecimiento de la deuda pública, lo que calificó como un mecanismo regresivo que afecta a las mayorías sociales. Aseguró que la reforma solo buscaba que una pequeña parte de esas utilidades retornara a la nación para aliviar las presiones presupuestales. Señaló que la decisión del Congreso privilegió intereses privados y que el país ahora tendrá que enfrentar “consecuencias imprevisibles” derivadas de esta negativa. Además, cuestionó directamente a figuras políticas opositoras, afirmando que lo ocurrido terminará afectando a las comunidades negras e indígenas que dependen de políticas sociales financiadas con recursos públicos.
Mientras el Gobierno elevaba el tono de sus críticas, en el Capitolio surgía un ambiente de aparente victoria en la oposición, aunque acompañado de advertencias sobre las medidas que prepara la Casa de Nariño. Diversas fuentes legislativas indicaron que el Ejecutivo evalúa un posible decreto de emergencia económica ante el hueco fiscal que deja el hundimiento de la reforma. Sin embargo, congresistas de distintos partidos ya anticiparon una férrea resistencia jurídica, asegurando que una eventual declaratoria sería demandada inmediatamente ante la Corte Constitucional. El debate, que coincidió con la cercanía de la campaña electoral de 2026, ha profundizado el distanciamiento entre los dos poderes.
A pesar de las estrategias utilizadas por el Gobierno para impulsar la reforma, incluidos diálogos con congresistas y presiones políticas habituales, la respuesta del Senado fue contundente. El presidente de la Comisión IV, Efraín Cepeda, aseguró que el proyecto afectaba a las clases medias y bajas del país y reiteró que la iniciativa no contaba con respaldo suficiente para avanzar. Cepeda, quien en 2024 también lideró el archivo de una reforma similar, sostuvo que la insistencia del Gobierno en advertir sobre una emergencia económica representa una amenaza institucional. Por su parte, voceros del petrismo sostienen que la negativa es una muestra de bloqueo legislativo sistemático que viene afectando la agenda del Ejecutivo.
En las últimas semanas, la relación entre el Capitolio y la Casa de Nariño ha pasado por uno de sus peores momentos. Aunque el Gobierno logró la aprobación del Presupuesto General para 2026, otras reformas clave permanecen estancadas, como la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado y el proyecto para salvar el Ministerio de la Igualdad, que continúa aplazado por las comisiones primeras. La jurisdicción agraria también registra tropiezos, lo que el Ejecutivo interpreta como un bloqueo político premeditado. Para el petrismo, el archivo de la tributaria se suma a una cadena de obstaculizaciones que incluyen derrotas previas en 2023 y 2024.
En contraste, la Cámara de Representantes había mostrado señales de respaldo a la iniciativa tributaria, donde las comisiones económicas apoyaron las ponencias positivas y rompieron quórum en repetidas ocasiones para conservar vivo el proyecto mientras el Gobierno intentaba negociar apoyos adicionales. Sin embargo, el Senado se mantuvo inflexible pese a los acercamientos. Los legisladores críticos afirmaron que la reforma contenía riesgos para la economía familiar y advertían sobre un posible impacto en la canasta básica. Las discusiones fueron intensas, pero la mayoría coincidió en que el proyecto no ofrecía garantías claras sobre su impacto social.
Ante el fracaso legislativo, Petro responsabilizó nuevamente a los órganos económicos del Congreso por negarse a respaldar medidas que, según él, buscan garantizar la estabilidad fiscal y el pago de la deuda externa adquirida en periodos anteriores, especialmente la utilizada durante la emergencia sanitaria por la pandemia. El mandatario insistió en que, mientras su Gobierno esté al frente, no permitirá que la crisis recaiga sobre los sectores pobres del país. El Ejecutivo sostiene que la oposición defiende los intereses de los sectores más privilegiados y que la negativa a la reforma abre un escenario complejo para la gobernabilidad.
En respuesta, legisladores de partidos independientes y opositores como Angélica Lozano advirtieron que la negativa del Congreso no puede considerarse un hecho extraordinario que habilite un estado de excepción. Lozano dejó constancia de su posición al señalar que el rechazo a un proyecto de ley no constituye motivo para declarar una emergencia económica, advirtiendo al Gobierno que cualquier intento de avanzar en ese camino será objetado jurídicamente. Otros congresistas también se han organizado para frenar lo que consideran un intento de la Casa de Nariño por gobernar mediante poderes excepcionales. El ambiente político continúa crispado a pocos días del cierre del periodo legislativo.
El choque entre el Congreso y el Gobierno se proyecta como uno de los episodios más tensos de los últimos meses y podría escalar antes del 16 de diciembre, fecha en que los legisladores entran en receso y comienzan formalmente la carrera hacia las elecciones de 2026. El Ejecutivo, decidido a avanzar en su agenda reformista, evalúa estrategias para sortear el bloqueo legislativo, mientras los partidos de oposición se preparan para responder a cualquier medida extraordinaria. En medio de este clima de confrontación, la incertidumbre fiscal y política se agudiza, dejando al país a la expectativa de las decisiones que marcarán el cierre del año legislativo.
