La directora de Espacio Público, Martha Piedad Echeverry, fue denunciada ante la Fiscalía y la Personería por autorizar el concierto del artista Santiago Cruz en el Néctar Arena sin cumplir con los requisitos legales. El abogado denunciante señala presunto prevaricato y uso indebido de su cargo.
Una denuncia formal ha encendido las alarmas en la administración municipal de Ibagué. Martha Piedad Echeverry Carvajal, directora de Espacio Público, fue señalada ante la Fiscalía General de la Nación y la Personería Municipal por presuntas irregularidades en la expedición del permiso para el concierto del cantante Santiago Cruz, realizado el pasado 27 de septiembre en el escenario Néctar Arena.
El abogado Wilson Leal Echeverri, quien lidera la acción legal, aseguró que la autorización fue emitida apenas un día antes del evento, contraviniendo la normativa local que exige trámite y aprobación previa antes de la promoción o publicidad de cualquier espectáculo público. Para ese momento, ya se habían divulgado vallas, afiches y anuncios en medios, situación que según el Decreto Municipal 008 de 2003 debió impedir la expedición del permiso.
De acuerdo con la denuncia, Echeverry fue advertida formalmente de esta irregularidad y notificada de una constitución en renuencia presentada el 1 de agosto. No obstante, el 26 de septiembre firmó la resolución que dio luz verde al concierto “Quince de Caminos – La Gira”, ignorando las observaciones jurídicas y técnicas.
El abogado también advirtió que el escenario Néctar Arena no cuenta con uso de suelo autorizado para la realización de conciertos. Parte del terreno se encuentra en zona de expansión sin plan parcial aprobado, lo que contraviene las disposiciones urbanísticas y podría representar un riesgo para los asistentes.
El escrito de denuncia va más allá del aspecto administrativo, pues plantea una acusación penal por el delito de prevaricato por acción. Según el demandante, la funcionaria “profirió un acto administrativo manifiestamente contrario a la ley” a pesar de conocer los impedimentos y las advertencias que le fueron comunicadas con antelación.
Entre las solicitudes realizadas, los denunciantes pidieron que se preserve toda la evidencia digital del caso, se reciba la declaración del empresario Jaime Fernando Hernández, organizador del evento, y se oficie a la Secretaría de Planeación para certificar la legalidad de los documentos emitidos.
Asimismo, se solicitó la suspensión provisional de Echeverry Carvajal mientras se desarrollan las investigaciones, con el fin de garantizar la transparencia del proceso y evitar posibles interferencias en la recolección de pruebas.
Hasta el momento, la Alcaldía de Ibagué no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso ni ha confirmado si se adoptarán medidas internas respecto a la actuación de la funcionaria implicada. La denuncia se encuentra en trámite ante las autoridades competentes, que deberán determinar si hubo o no responsabilidad disciplinaria y penal.
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