En un fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación sancionó al exalcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado Barrera, con destitución e inhabilidad por 12 años, al considerar que intervino indebidamente en política durante un evento institucional realizado en 2023. La decisión también cobija a la exsecretaria de Atención al Ciudadano, Leidy Gómez García.
La Procuraduría General de la Nación profirió un fallo de primera instancia en el que destituyó e inhabilitó por 12 años al exalcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado Barrera, por vulnerar la prohibición constitucional que impide a los servidores públicos participar en actividades políticas mientras ejercen sus cargos.
De acuerdo con el ente de control, la sanción se deriva de hechos ocurridos el 15 de septiembre de 2023, cuando se llevó a cabo un evento que fue presentado oficialmente como una rendición de cuentas institucional, pero que, según la investigación, terminó siendo utilizado con fines políticos.
La Procuraduría estableció que en dicho espacio se permitió la intervención de una candidata a la Alcaldía de Ibagué, situación que habría afectado de manera directa el principio de neutralidad que debe regir el ejercicio de la función pública, especialmente en contextos preelectorales.
El organismo disciplinario concluyó que el entonces mandatario local facilitó un escenario institucional para el desarrollo de actividades proselitistas, lo que configuró una participación indebida en política y una transgresión a los deberes funcionales establecidos en la Constitución y la ley.
Por los mismos hechos, la Procuraduría impuso igual sanción a Leidy Gómez García, quien para ese momento se desempeñaba como secretaria de Atención al Ciudadano, al considerar que puso su capacidad de gestión y su rol institucional al servicio de intereses políticos particulares.
Según el fallo, la actuación de la exfuncionaria comprometió el deber de imparcialidad del servicio público, al permitir que recursos y espacios oficiales fueran utilizados con una finalidad distinta al interés general que deben salvaguardar las entidades del Estado.
La decisión, aunque es de primera instancia y susceptible de recursos, reaviva el debate nacional sobre los límites entre la gestión administrativa y la participación política, así como sobre la responsabilidad disciplinaria de los funcionarios frente al uso del poder público.
Finalmente, la Procuraduría reiteró que este tipo de conductas afectan la confianza ciudadana en las instituciones y vulneran los principios de transparencia, legalidad y equidad que deben garantizarse en los procesos democráticos, especialmente en el ámbito territorial.
