La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad por 12 años a Leidy Gómez García por organizar un evento institucional que fue utilizado con fines políticos, vulnerando el principio de neutralidad en el ejercicio de la función pública.
La Procuraduría General de la Nación impuso una sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad por 12 años a Leidy Gómez García, quien se desempeñaba como secretaria de Atención al Ciudadano de Ibagué. La decisión se adoptó tras comprobar su responsabilidad en la organización de un evento oficial que derivó en actividades de carácter proselitista.
Según el fallo del ente de control, la exfuncionaria tuvo a su cargo la planeación, ejecución y cierre administrativo y financiero de la jornada institucional. Dicha actividad, lejos de cumplir exclusivamente su objetivo misional, fue utilizada como escenario para favorecer intereses políticos, en contravía de la normatividad vigente.
La Procuraduría determinó que con esta conducta se vulneró de manera grave el principio de neutralidad que debe regir el actuar de los servidores públicos. Además, se estableció que se usaron recursos, logística y capacidades institucionales para fines distintos a los autorizados legalmente.
El órgano disciplinario calificó la falta como gravísima, al considerar que el uso indebido de la función pública con fines electorales afecta la confianza ciudadana y compromete el correcto funcionamiento de la administración municipal.
En la decisión también se menciona la participación del entonces alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado Barrera, en el evento realizado el 15 de septiembre de 2023. No obstante, la Procuraduría aclaró que la responsabilidad disciplinaria directa recae sobre Gómez García, por ser quien lideró y coordinó la actividad desde su cargo.
El fallo resalta que los funcionarios públicos deben mantener absoluta imparcialidad frente a los procesos políticos y electorales, evitando cualquier acción que pueda interpretarse como favorecimiento a candidaturas o movimientos.
Con esta sanción, el Ministerio Público reiteró su postura frente a la participación indebida en política por parte de servidores del Estado. Advirtió que el incumplimiento de estas obligaciones será objeto de sanciones ejemplarizantes.
La decisión se suma a otras actuaciones disciplinarias adelantadas por la Procuraduría en defensa de la legalidad, la transparencia y el uso adecuado de los recursos públicos, especialmente en contextos electorales y de alta sensibilidad institucional.
