El Ministerio Público abrió investigación disciplinaria contra un personero delegado de Ibagué por una presunta extralimitación de funciones en procesos de restablecimiento de derechos de menores, hechos que habrían ocurrido entre octubre y noviembre de 2024.
La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra Jair Alfonso Robayo Moreno, quien se desempeña como personero delegado para la Vigilancia Administrativa y Gestión Pública de la Personería Municipal de Ibagué, por una posible extralimitación en el ejercicio de sus funciones legales.
De acuerdo con el ente de control, el funcionario habría intervenido de manera directa en procesos administrativos de restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes, realizando actuaciones que no estarían contempladas dentro de sus competencias establecidas por la normatividad vigente.
La Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué señaló que, presuntamente, Robayo Moreno emitió requerimientos y órdenes dentro de estos procesos, lo cual correspondería exclusivamente a autoridades como las comisarías de familia, según lo estipulado en la Ley 1098 de 2006.
Los hechos que motivaron la apertura de la investigación disciplinaria están relacionados con actuaciones realizadas mediante oficios y requerimientos preventivos en dos procesos específicos que fueron remitidos a la Comisaría Segunda de Familia de Ibagué.
Estas actuaciones se habrían presentado entre los meses de octubre y noviembre de 2024, periodo durante el cual el personero delegado habría intervenido de forma activa en decisiones administrativas que son objeto de análisis por parte del Ministerio Público.
La Procuraduría indicó que la investigación tiene como propósito establecer con claridad si las conductas denunciadas realmente ocurrieron y si estas configuran una falta disciplinaria conforme al régimen aplicable a los servidores públicos.
Asimismo, el proceso busca determinar si el funcionario actuó amparado en alguna causal de exclusión de responsabilidad, o si, por el contrario, se habría vulnerado el marco legal que delimita las funciones de la Personería Municipal.
El ente de control reiteró que este tipo de investigaciones hacen parte de su función constitucional de vigilancia de la conducta oficial, con el fin de garantizar que las actuaciones de los funcionarios públicos se ajusten a la ley y protejan el interés general.
