La Procuraduría General de la Nación profirió en primera instancia un fallo sancionatorio contra el exalcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, por presunta participación en política durante su mandato.
La decisión, relacionada con el caso conocido como “Me Identi FICO”, fue apelada por su defensa y se conoce en medio del panorama electoral que involucra a su círculo familiar.
La Procuraduría General de la Nación sancionó en primera instancia al exalcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, con una inhabilidad de 12 años para ejercer cargos públicos. El fallo estaría sustentado en la presunta participación en política mientras se desempeñaba como mandatario local, una conducta prohibida por la normativa que rige el ejercicio de la función pública. El caso ha sido asociado al denominado proceso “Me Identi FICO”.
La noticia se conoció inicialmente a través de las redes sociales del propio Hurtado, quien publicó un video informando sobre la decisión disciplinaria antes de que se produjera un pronunciamiento oficial de mayor alcance mediático. Analistas políticos interpretan esta acción como una estrategia para anticiparse al impacto público del fallo y contener eventuales repercusiones políticas.
El anuncio se da en un momento particularmente sensible, ya que coincide con la campaña a la Cámara de Representantes de su hermana, Carolina Hurtado. En ese contexto, sectores de opinión han señalado que la sanción podría generar efectos colaterales en el escenario electoral, especialmente en el debate público alrededor del legado político del exmandatario.
En el video difundido, Andrés Hurtado afirmó haber actuado siempre con respeto por la ley y las instituciones. Sin embargo, en redes sociales diversos usuarios recordaron episodios judiciales pasados que rodearon su administración, entre ellos decisiones polémicas relacionadas con procesos que terminaron en preclusión, como el caso de los piques ilegales en el aeropuerto Perales.
Tras conocerse el fallo, también comenzó a circular un audio atribuido a personas cercanas a Hurtado, en el que se invita a respaldarlo en redes sociales y se hace referencia a su estado emocional. En el mensaje se afirma que “el ingeniero está destrozado”, lo que evidenciaría el impacto personal y político de la decisión disciplinaria.
Finalmente, se confirmó que la sanción impuesta por la Procuraduría fue apelada, por lo que el proceso continuará su curso en las instancias correspondientes. Mientras se define la decisión definitiva, el caso sigue generando reacciones en el ámbito político regional y nacional, en un contexto marcado por la contienda electoral y el debate sobre la ética en el ejercicio del poder público.
