La fiscalía le allanó imputación de cargos en contra de la alcaldesa Johanna Aranda y a cuatro personas más, por presuntas irregularidades de contrato suscrito en el año 2024 en el suministro de alimentos para el CAPA.
Un nuevo capítulo judicial se abrió para la administración municipal de Ibagué luego de que la Fiscalía General de la Nación imputara cargos contra la alcaldesa Johana Ximena Aranda Rivera y otras cuatro personas por presuntas irregularidades en un contrato suscrito durante el año 2024 para la alimentación de animales bajo protección del municipio.
La decisión fue adoptada por un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Tolima, quien señaló que existen elementos materiales de prueba que permitirían inferir posibles inconsistencias en la estructuración, adjudicación y ejecución del contrato relacionado con el suministro de alimento para perros y gatos del Centro de Protección Animal.
Además de la mandataria local, fueron imputados Johana Carolina Veloza Guio, asesora de despacho; Jéssika Soto Salas, abogada de la Secretaría de Gobierno; Edward Amaya Márquez, exsecretario de Gobierno de Ibagué; y el contratista Ernesto Alfonso Quiroga, quien habría resultado beneficiado con la adjudicación contractual.
Según la investigación adelantada por el ente acusador, la alcaldesa habría delegado funciones relacionadas con el ordenamiento del gasto y, presuntamente, impartido directrices que permitieron la adjudicación del contrato a una empresa cuya actividad principal no guardaba relación con el suministro de alimentos para animales.
La Fiscalía sostuvo que algunos de los funcionarios involucrados habrían participado en la celebración del contrato pese a conocer que la empresa seleccionada no contaba con experiencia acreditada en el objeto contractual. Asimismo, se cuestiona la elaboración de estudios previos que, según la investigación, no reflejaban los precios reales del mercado.
Otro de los aspectos bajo análisis corresponde a la supuesta limitación de la pluralidad de oferentes. De acuerdo con el expediente, únicamente se habrían solicitado cotizaciones a dos posibles contratistas, entre ellos el que finalmente obtuvo la adjudicación, situación que es objeto de revisión por parte de las autoridades judiciales.
La Fiscalía también indicó que el contratista Ernesto Alfonso Quiroga presuntamente habría permitido el direccionamiento del proceso contractual y obtenido beneficios económicos derivados de presuntos sobrecostos que superarían los 34 millones de pesos. Estos hechos hacen parte de las hipótesis que actualmente son debatidas dentro del proceso penal.
Por estos hechos, los procesados fueron imputados, según su grado de participación individual, por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros. Ninguno de los señalados aceptó los cargos formulados por la Fiscalía, por lo que el proceso continuará en las etapas judiciales correspondientes, donde serán las autoridades competentes las encargadas de determinar eventuales responsabilidades.
