La restricción de movilidad durante 24 horas coincide con el cierre de un corredor cercano a la Institución Educativa Martín Pomala, donde se reportan daños en un puente y cerramientos preventivos realizados por residentes ante presuntas amenazas.
El municipio enfrenta un nuevo escenario de preocupación por el orden público tras la entrada en vigencia de medidas extraordinarias que establecen una restricción temporal de movilidad durante 24 horas. La disposición coincide con dificultades de circulación y un ambiente de incertidumbre en diferentes sectores de la población.
Uno de los puntos de mayor atención se encuentra en las inmediaciones de la Institución Educativa Martín Pomala, donde el tránsito permanece interrumpido. La situación ha generado inquietud entre habitantes, comerciantes y miembros de la comunidad educativa que utilizan habitualmente este corredor.
A las dificultades de movilidad se suma el reporte sobre el deterioro de la infraestructura del puente del sector. Según versiones de voceros comunitarios y medios locales, parte de su estructura habría cedido luego del paso de vehículos de carga pesada, lo que representaría un riesgo para conductores y peatones.
De manera paralela, residentes de la zona habrían instalado aislamientos y cerramientos preventivos como respuesta a presuntas situaciones de amenaza. Estas acciones se presentan en un contexto de preocupación por la seguridad, aunque no se detallan las circunstancias específicas de los hechos que motivaron las medidas comunitarias.
La coincidencia entre el cierre vial, las condiciones del puente y las restricciones de movilidad ha complicado las actividades cotidianas. Docentes, padres de familia y comerciantes expresaron inquietudes por las dificultades para transitar y por las posibles consecuencias en el funcionamiento habitual del sector.
Ante este panorama, ciudadanos solicitaron la intervención de la Alcaldía Municipal, la Policía Nacional y los organismos de control para que se establezca con claridad el origen de las restricciones y las condiciones que mantienen cerrado el corredor.
Entre las principales solicitudes está realizar una evaluación técnica del puente, determinar el nivel de riesgo para la comunidad y revisar la legalidad de los cerramientos y limitaciones a la circulación. También piden que las autoridades adopten medidas para proteger a los residentes y garantizar el uso adecuado del espacio público.
Mientras permanece la incertidumbre, Ataco enfrenta el desafío de atender simultáneamente las preocupaciones de seguridad, movilidad e infraestructura. La comunidad espera respuestas institucionales que permitan recuperar la circulación y brindar garantías de tranquilidad a quienes viven y trabajan en este sector.
