A pocos días de una decisiva segunda vuelta presidencial, el debate público parece estar más enfocado en etiquetas, señalamientos y juicios de valor que en la discusión de propuestas. La presunción de inocencia y la coherencia en los criterios con los que se juzga a los actores políticos vuelven a estar en el centro de la controversia nacional.
La campaña presidencial ha vuelto a evidenciar una realidad preocupante para la democracia colombiana: el predominio de los prejuicios sobre los argumentos. En lugar de confrontar programas de gobierno, visiones de país y soluciones a los problemas estructurales de Colombia, buena parte de la discusión pública se ha concentrado en descalificar personas mediante etiquetas políticas, ideológicas o históricas.
La controversia se refleja en una pregunta que ha circulado ampliamente en distintos escenarios políticos y ciudadanos: si un abogado que defendió judicialmente a personas vinculadas con el paramilitarismo o el narcotráfico no puede ser considerado responsable de los delitos de sus clientes por el simple hecho de ejercer su profesión, ¿por qué un negociador de procesos de paz debe cargar indefinidamente con las acciones de un grupo armado por haber participado en diálogos orientados a poner fin al conflicto?
La reflexión no pretende absolver ni condenar a nadie. Lo que plantea es la necesidad de aplicar criterios coherentes. En un Estado de Derecho, la responsabilidad es individual y debe demostrarse mediante pruebas y decisiones judiciales. La democracia no puede funcionar sobre la base de percepciones selectivas donde unos reciben el beneficio de la presunción de inocencia y otros son condenados permanentemente en el tribunal de la opinión pública.
Resulta paradójico que sectores políticos que defienden la legitimidad del ejercicio profesional de abogados que representaron a personas acusadas de graves delitos rechacen al mismo tiempo la legitimidad de quienes participaron en negociaciones de paz avaladas por el Estado colombiano. Ambas actividades se desarrollan dentro de marcos legales e institucionales y responden a funciones reconocidas por el ordenamiento jurídico.
La presunción de inocencia no puede convertirse en un principio aplicable únicamente a quienes comparten determinada corriente política. Su esencia radica precisamente en proteger a todos los ciudadanos de condenas anticipadas y señalamientos sin sustento judicial. Cuando este principio se utiliza de manera selectiva, pierde su valor como garantía fundamental y se transforma en una herramienta de conveniencia política.
Mientras tanto, los problemas que afectan a millones de colombianos continúan esperando respuestas. La inseguridad, el desempleo, la crisis del sistema de salud, la calidad de la educación, la infraestructura, la competitividad y la lucha contra la pobreza deberían ocupar el centro del debate electoral. Sin embargo, muchas veces estos temas terminan desplazados por discusiones enfocadas en desacreditar adversarios.
A pocos días de la segunda vuelta presidencial, el país necesita más propuestas y menos estigmatizaciones. Los ciudadanos tienen el derecho de conocer cómo piensan gobernar los candidatos, cuáles serán sus prioridades y de qué manera enfrentarán los desafíos nacionales. Esa información resulta mucho más útil para la democracia que la repetición constante de calificativos que buscan despertar emociones antes que promover análisis.
La grandeza de una democracia se mide por la calidad de sus debates. Cuando los argumentos son sustituidos por etiquetas y los juicios de valor reemplazan la discusión programática, la ciudadanía pierde la oportunidad de tomar decisiones plenamente informadas. Colombia requiere una campaña donde prevalezcan las ideas sobre los prejuicios y donde el voto se defina por propuestas concretas y no por narrativas construidas para deslegitimar al contradictor.
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