La columna plantea una reflexión sobre las limitaciones del sistema penitenciario y propone avanzar hacia alternativas que aborden el delito como una fractura del tejido social. A partir de las ideas de Angela Davis y Howard Zehr, el análisis destaca la responsabilidad, la reparación, la verdad y la sanación como pilares de la justicia restaurativa, incluso frente al debate sobre delitos graves.
Por: Karen Alejandra López Galeano, columnista invitada y Sociólogo
A modo de preámbulo, este texto tiene como propósito abordar algunas de las interrogantes suscitadas por mi primera columna, “Fracaso del encierro: ¿La prisión ya no funciona?”. Para ello, iniciaré la reflexión analizando el crimen y el delito en su relación con el tejido social; posteriormente, examinaré brevemente la perspectiva de Angela Davis sobre las alternativas penales, para, finalmente, argumentar a favor de la implementación de la justicia restaurativa.
Resulta imperativo concebir los crímenes y los delitos como una fractura en el tejido social. Son las problemáticas en las que estamos inmersxs, las cuales exigen a gritos soluciones que aún debemos aprender a escuchar. Nos encontramos entrelazadxs por una vasta red de relaciones; somos sujetxs interdependientes. Al internalizar esta premisa, comprenderemos que lxs victimarixs o lxs ofensorxs no operan como individuos aislados, sino que son, más bien, un síntoma o efecto de nuestra estructura colectiva.
En su obra ¿Son obsoletas las prisiones?, Angela Davis plantea la transformación radical de las estrategias para abordar el crimen. Entre sus propuestas destacan:
Despenalización del consumo de drogas.
Despenalización del trabajo sexual.
Desmantelamiento de los procesos que criminalizan a las personas por haber fracasado en su intento de cruzar fronteras sin documentos.
Resolución de conflictos comunitaria.
Justicia restaurativa.
Es menester reconocer que dichas propuestas surgen desde la realidad norteamericana, la cual dista considerablemente del contexto colombiano. En nuestro país, el sistema carcelario está atravesado por el colonialismo, las dinámicas del conflicto armado, la desigualdad extrema y la “guerra contra las drogas” impulsada desde el Norte Global. En este sentido, recae sobre nosotrxs la tarea de identificar nuestras problemáticas específicas para formular soluciones pertinentes. Como advierte Davis frente a la prisión:
“Funciona ideológicamente como un sitio abstracto en el cual se depositan lxs indeseables, alivianándonos de la responsabilidad de pensar en los verdaderos problemas que afligen a aquellas comunidades de las que se extraen prisioneros en números desproporcionados”. (17)
Abordar el crimen desde perspectivas alternativas, asegura la autora, mitigaría el encarcelamiento masivo que fagocita la riqueza social, dado que el empobrecimiento colectivo tiende a reproducir, de manera cíclica, las condiciones que conducen a la criminalidad. En otras palabras, la existencia misma de la prisión genera la demanda estructural de prisioneros.
En consonancia con lo anterior, esta columna propone reflexionar sobre la justicia restaurativa a partir de El pequeño libro de la justicia restaurativa de Howard Zehr. Este autor conceptualiza dicha justicia como un enfoque centrado en las necesidades y los roles; su eje fundamental es fomentar la responsabilidad, la reparación y la sanación de todxs lxs actorxs involucradxs (víctimas, victimarios y comunidad) a través del diálogo directo entre las partes. Este modelo asume que, para enmendar el daño causado, es imprescindible: i) reparar las consecuencias y ii) intervenir sobre las causas estructurales.
Ante esto, es probable que muchxs se pregunten: ¿qué hacer frente a homicidios, violencia sexual y crímenes mayores? Sorprendentemente, como atestiguan los informes de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la mayoría de las víctimas no clama exclusivamente por el aislamiento punitivo de su agresor como respuesta a su dolor. Por el contrario, su principal demanda suele centrarse en el esclarecimiento de la verdad, en el acceso a información real y en la reconstrucción narrativa de los hechos.
Históricamente, tanto en Colombia como en la mayor parte del mundo, la justicia penal se ha erigido como un dogma institucional. En términos sucintos, este modelo se limita a tipificar conductas delictivas y asignarles una pena proporcional. Su principal falencia radica en la premisa ilusoria de que el encierro, las multas o el trabajo comunitario bastan para garantizar la no repetición. A este sistema se le denomina «proceso confrontacional», donde el veredicto es impuesto por una figura de autoridad (el juez), completamente ajena al conflicto originario. En otras palabras, la justicia penal privilegia la relación punitiva entre el Estado y el infractor, relegando a la víctima, en la mayoría de los casos, a un estado de resentimiento e incertidumbre. Como sostienen Gaitán, Carcano y Varón en su artículo “La justicia restaurativa como horizonte de posibilidades para el proceso transicional colombiano”, este enfoque punitivo ha demostrado ser insuficiente tanto para la sanación de la víctima como para la resocialización del ofensor, evidenciando la marginación sistemática de la comunidad afectada dentro del proceso judicial.
Para ilustrar lo expuesto de manera concisa, es pertinente evocar el caso de Amy Biehl, un paradigma exitoso de la aplicación de la justicia restaurativa:
Amy era una joven blanca estadounidense de 26 años que, en 1993, se encontraba en Sudáfrica realizando trabajo social. Mientras conducía su vehículo, una multitud la interceptó, apedreándola y arrebatándole la vida con armas blancas. Por este hecho, cuatro jóvenes fueron condenados a 18 años de prisión. Posteriormente, con la implementación de la Comisión de la Verdad —impulsada por Desmond Tutu y ejecutada por la justicia transicional como respuesta al apartheid—, los jóvenes fueron liberados tras recibir amnistía, dado que su delito tenía motivaciones políticas. La Comisión se encargó de facilitar, a través de la justicia restaurativa, un diálogo profundo entre las partes involucradas (los jóvenes y los padres de Amy) con el fin de sanar el duelo de las víctimas y fomentar la empatía y la asunción de responsabilidad por parte de los ofensores. Tras escuchar las confesiones de los jóvenes (quienes vivieron la violencia estructural del apartheid en carne propia), Peter y Linda, los padres de Amy, apoyaron la amnistía. Tiempo después, crearon la Amy Foundation South Africa, donde trabajaron codo a codo con dos de los agresores de su hija, Easy Nofemela y Mtombeki Peni, gestionando programas sociales y educativos para la juventud de esos mismos suburbios marginados.
Este suceso evidencia los resultados fructíferos del enfoque restaurativo. Desmond Tutu, amigo y compañero de lucha de Nelson Mandela, comprendió que la violencia en Sudáfrica operaba bajo un ciclo interminable de venganza retributiva. Un grupo perpetraba agresiones y el bando contrario sentía el imperativo de “devolver” el golpe, involucrando frecuentemente a personas inocentes, tal como ocurrió con Amy.
A modo de conclusión, esta columna plantea tres consideraciones fundamentales. En primera instancia, es vital reconocer que somos una red de interdependencia humana, y que los crímenes son el reflejo de las fracturas en dichas relaciones. En segunda instancia, es urgente evidenciar que el sistema penitenciario está saturado de personas cuyos delitos podrían abordarse desde otras perspectivas. En Colombia, cerca de la mitad de las mujeres privadas de la libertad purgan condenas por delitos relacionados con drogas, y una abrumadora mayoría de ellas (entre el 75% y el 87%, según diversos estudios) son madres cabeza de familia. Esto devela una profunda inequidad social y de género: mujeres que, ante la escasez de oportunidades laborales, se vincularon al microtráfico para garantizar el sustento de sus hogares. En tercera instancia, incluso frente a crímenes graves, se propone la exploración de la justicia restaurativa, la cual cuenta con evidencias palpables de éxito en la reconstrucción del tejido social en naciones como Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos, Bélgica y Costa Rica. Quisiera dejar claro que la justicia penal tradicional no carece de méritos en algunas de sus herramientas; sin embargo, resulta inaplazable reconocer sus profundas limitaciones frente al anhelo de una paz genuina.
