Ha llamado mi atención el ver a la alcaldesa Johana Aranda adoptando las prácticas del presidente De la Espriella, volviéndose protagonista de una producción casi cinematográfica, refregando reflexiones moralistas a presuntos delincuentes que también son jóvenes de barrios populares desprovistos de influencias y capitales, esposados y rodeados de policías que protegen a la mandataria.
Parece que nadie le ha dicho a la alcaldesa que no se es evidencia de valor “confrontar” a una persona ya sometida, y mucho menos exhibirla. Además, aquí hay un largo debate sobre cómo esto se podría configurar en una violación de la presunción de inocencia, pues evidente no han sido declarados culpables en juicio; sin embargo, vamos a dejar ese tema hasta ahí, para examinar qué tan cierto es eso de que: “En Ibagué, el que la hace la paga”.
Empecemos por decir que, si las personas capturadas y expuestas en redes sociales son responsables de los delitos por los cuales han sido señalados, deben ser sometidos a la justicia y procesados como ordena la ley. Lo que no deben ser es herramientas políticas para aparentar una eficiencia gubernamental en materia de justicia que no existe, porque las personas que cometen delitos no están únicamente en las periferias de la ciudad; criminales muy peligrosos están inmersos entre la crema y nata de la sociedad ibaguereña y parece que jamás serán sometidos a la justicia.
Aquí es importante destacar que durante el Gobierno de Aranda se inauguró el Acueducto Complementario y se han recibido fondos del Gobierno Nacional para el desarrollo del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP), pero es escandaloso que, aún, ninguna de las dos cosas funciona como debería y que están rodeadas de escándalos de corrupción.
¿Cuántos “la hicieron” con una obra como la del Tanque del Sur, que presuntamente ha sido pagada varias veces y, al parecer, no aporta en nada a la solución del problema del agua en Ibagué, o con obras como los contratos de semaforización, paraderos y rehabilitación vial que ya merecieron una alerta por retrasos de parte de la Procuraduría?
Y mejor no hablemos de los terribles delitos que rodean el consumo de agua contaminada en el sector de la Arboleda Campestre, donde, al parecer, se recicla agua de la parte baja del río Combeima, porque el Acueducto Complementario, que supuestamente iba a proveer de agua el sector, no parece estar funcionando. Un crimen de lesa humanidad que tiene responsables, pero no son gente a quien nuestra valerosa alcaldesa les vaya a decir “En Ibagué el que la hace la paga”, porque tienen capitales y apellidos que los protegen y, además, porque posiblemente financian campañas.
Invito a Aranda a mirar en los estudios de Transparency International, en los que se evidencia cómo la corrupción estatal genera condiciones de marginación económica y falta de oportunidades que incrementan la vulnerabilidad de los jóvenes frente a la delincuencia. Informes de diferentes años y países señalan que el debilitamiento institucional y el desvío de recursos públicos exponen a la juventud de los sectores populares a redes criminales y a la normalización de conductas ilícitas.
Si bien el microtráfico es una problemática que se debe enfrentar, los recientes operativos no son para decir que “En Ibagué el que la hace la paga”, porque decir eso implica una de dos cosas: o vivir en una burbuja que le impide ver la realidad de la ciudad, o un acto de cinismo ante el conocimiento del presunto entramado de corrupción que tiene a miles de familias en Ibagué consumiendo agua contaminada y viviendo con una inflación superior al promedio nacional.
