La Defensoría del Pueblo realizó este viernes una nueva jornada de atención integral a víctimas de conflicto y a sujetos colectivos en el municipio de Mariquita, Tolima, región en la que los grupos armados ilegales estarían buscando retomar el control del territorio y de las economías ilícitas.
Este espacio, que fue instalado para la atención de las comunidades de esta zona, tiene el propósito de garantizar los derechos de los pobladores y de conocer las inquietudes de los ciudadanos que han visto vulnerados sus derechos por parte de las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y estructuras criminales que nacieron con la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
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“Vinimos al territorio para dialogar directamente con más comunidades ya que en este territorio se han venido presentando vulneraciones por parte de los grupos armados organizados y delincuenciales, al ser un corredor estratégico entre Urabá y Antioquia con el sur del país y entre el Pacífico y el centro del país”, señaló por su parte el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
Asimismo, indicó que en esta región del país se mantienen vigentes tres alertas tempranas que advierten la vulneración de los derechos de los pobladores de Flandes, Girardot, Ricaurte, Río Blanco, Planadas, Espinal, Santa Isabel, Murillo, Ataco y Chaparral, algunos de los municipios que han padecido históricamente las consecuencias del conflicto armado.
En este importante corredor estratégico, en el que se originó la guerrilla de las FARC, los grupos residuales que permanecieron después del Acuerdo Final de Paz, han querido retomar su control hegemónico, especialmente en el sur y norte del departamento, mediante el denominado ‘Comando Coordinado de Occidente’, con el frente ‘Ismael Ruiz’, la columna ‘Dagoberto Ramos’ y la compañía ‘Adán Izquierdo’ y la ‘Segunda Marquetalia’, con el frente ‘Alfonso Cano’.
Asimismo, el Clan del Golfo conocido como el grupo criminal y narcotraficante del país y algunas estructuras residuales de la desmovilización de los paramilitares han buscado el control territorial de esta estratégica región y de las economías ilegales.
“Hay información que apunta a que estos grupos armados ilegales están tratando de implantar un control sobre la población, el territorio y las actividades ilícitas del narcotráfico y extorsiones. En ese camino criminal han afectado los derechos de las poblaciones y es urgente que se refuerce la presencia del Estado no solo con sus organismos de prevención y atención, sino con toda su oferta social”, advirtió Camargo.
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En ese sentido, hizo un llamado a las diferentes instancias del Estado colombiano frente al riesgo que enfrentan los pobladores de varios municipios de este departamento ante el accionar de estos grupos armados que han incrementado su presencia en los territorios y con esta se aumentan las vulneraciones de los derechos.
“No desfalleceremos en nuestro propósito de seguir llegando a más rincones de Colombia para proteger y promover los derechos humanos de todas y todos los ciudadanos esa es la convicción de la Defensoría”, concluyó Camargo.
