La orden cobija al abogado, que en defensa propia ha dicho que solo un juez puede determinar si las garantías presentadas para ganar el contrato son falsas o no, informó Asuntos Legales.
Tal contrato, por valor de $ 1,07 billones y cuya caducidad declaró el Ministerio de las TIC la semana pasada, pretendía brindarles conexión a Internet a 7.277 escuelas rurales en 15 departamentos del país, para lo cual se otorgó un anticipo de 70.000 millones de pesos a través de una fiduciaria en Estados Unidos.
Por eso, La emisora La W Radio detalló que no solo responderá ante el ente investigador el representante legal, sino también todos los integrantes del consorcio.
La Unión Temporal Centros Poblados estaría conformada por las compañías Ingeniería, Seguridad e Innovación S.A.S., ICM Ingenieros S.A.S., Intec de la Costa S.A.S. y Omega Buildings Constructora S.A.S.
