La estrategia gubernamental no se limita a la oposición ideológica. Se trata de un enfrentamiento sistemático contra cualquier sector social, político o económico que cuestione el proyecto de la llamada “patria milagro”, un proyecto que, tras meses en el poder, carece de dirección y empieza a acumular errores.
Por: Leidy Carolina Torres Hernández. Abogada.
El gobierno encabezado por Abelardo de la Espriella ha consolidado una narrativa de confrontación que se expresa en tres niveles: descalificación, estigmatización y militarización del discurso público.
La estrategia gubernamental no se limita a la oposición ideológica. Se trata de un enfrentamiento sistemático contra cualquier sector social, político o económico que cuestione el proyecto de la llamada “patria milagro”, un proyecto que, tras meses en el poder, carece de dirección y empieza a acumular errores.
En este contexto, los interlocutores válidos han sido convertidos en enemigos internos. Cada intervención presidencial constituye una provocación a los movimientos sociales y, simultáneamente, un ataque a los principios de la democracia participativa.
La exclusión política ha trascendido los márgenes tradicionales. No solo afecta a colectivos vulnerables o sectores de izquierda, sino también a actores económicos que inicialmente respaldaron la campaña oficialista. El caso de la ANDI y su presidente, Bruce Mac Master, es ilustrativo: el Ejecutivo impuso un veto que prohibía a los ministros reunirse con él, aislando deliberadamente su voz. Una medida inédita incluso frente a gobiernos anteriores que enfrentaron oposición directa.
La política de confrontación se ha extendido a múltiples frentes:
- Comunidades LGBTIQ+: Colombia fue retirada de la copresidencia de la Coalición por la Igualdad de Derechos, enviando un mensaje de exclusión institucional.
- Estudiantes universitarios: catalogados como “terroristas”.
- Docentes: responsabilizados de los resultados de las pruebas PISA, pese a tratarse de un problema estructural y global.
- Niñas y campesinado: eliminados del lenguaje institucional, invisibilizando su existencia en la política pública.
El ataque alcanza incluso a la Rama Judicial, con desacatos públicos a decisiones judiciales y un cuestionamiento directo a la legitimidad de los jueces. A ello se suma el sabotaje sistemático contra la JEP, mediante recortes presupuestales y discursos deslegitimadores, en línea con las estrategias de gobiernos anteriores que buscaron frenar el esclarecimiento del conflicto armado.
La estrategia gubernamental responde a cuatro objetivos centrales:
- Reactivar narrativas ultraconservadoras de carácter antiidentitario.
- Fragmentar la resistencia social, generando divisiones internas.
- Bloquear la reforma agraria y las reformas sociales impulsadas en el gobierno anterior.
- Desacreditar la justicia, con énfasis en la JEP.
El riesgo es claro: si los sectores sociales se defienden de manera aislada, el Gobierno podrá avanzar en concesionar territorios a multinacionales, vender activos estratégicos de la nación, desfinanciar programas sociales y apropiarse de recursos públicos.
La respuesta, por tanto, no puede ser individual ni fragmentada. El único camino viable es la organización popular. Frente a un frente fascista amplio y agresivo, la movilización colectiva constituye la herramienta más eficaz de defensa democrática.
