El presidente Gustavo Petro respaldó la decisión del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo de remover al equipo encargado de calcular la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Según el mandatario, durante más de una década se sobredimensionó el valor de la UPC en beneficio de las EPS.
El presidente Gustavo Petro salió en defensa del Ministerio de Salud tras la controversia generada por el despido del equipo técnico que calculaba la Unidad de Pago por Capitación (UPC), la cifra que el Estado transfiere a las EPS por cada afiliado al sistema de salud. La medida fue tomada por el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, lo que generó críticas y cuestionamientos sobre la transparencia en el ajuste de estos valores.
En respuesta a una investigación publicada por La Silla Vacía, que reveló la destitución de los técnicos, el jefe de Estado argumentó en su cuenta de X que el equipo había permitido un desfalco en el cálculo de la UPC al sobredimensionarla, beneficiando así a las EPS. «Si el equipo que calculaba la UPC por más de diez años había dejado que se la robaran sobredimensionándola, pues ese equipo no le sirve al país sino a las EPS», escribió Petro.
Según el informe de La Silla Vacía, los técnicos habían proyectado que el ajuste de la UPC para 2025 debía estar entre un 10 % y un 14 %. Sin embargo, el Ministerio de Salud solo aprobó un incremento del 5,4 %, basándose en un análisis de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).
Este cálculo más conservador ha sido criticado por expertos en salud y asociaciones de pacientes, quienes advierten que el nuevo valor de la UPC podría afectar la sostenibilidad del sistema. Las EPS han señalado que la cifra fijada por el Gobierno es insuficiente para garantizar la prestación de los servicios médicos a los afiliados.
El ministro Jaramillo ha defendido la decisión, asegurando que el ajuste responde a un criterio de equidad y a la necesidad de evitar sobrecostos injustificados. No obstante, la polémica persiste, especialmente entre los sectores que ven en la reducción de la UPC un riesgo para la estabilidad financiera de las entidades prestadoras de salud.
Este debate se da en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y las EPS, en medio de la crisis del sistema de salud y las reformas que ha impulsado la administración de Petro. Mientras el Ejecutivo sostiene que las EPS han manejado los recursos de forma ineficiente, estas aseguran que las decisiones gubernamentales ponen en peligro la atención médica de millones de colombianos.
La controversia sigue abierta y se espera que el Ministerio de Salud entregue más detalles sobre la metodología utilizada para fijar el valor de la UPC, así como los impactos que esta decisión tendrá en el sistema de salud.
