La Superintendencia de la Economía Solidaria avanza en disposiciones transitorias para las organizaciones afectadas por la emergencia, mientras permanecen en discusión medidas relacionadas con obligaciones financieras, reportes y compromisos tributarios.
Tras el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, el sector solidario planteó al Gobierno Nacional la necesidad de adoptar medidas extraordinarias para atender los efectos de la emergencia. La Federación Colombiana de Cooperativas de Ahorro y Crédito, Financieras y Entidades Financieras de Propiedad de Grupos Cooperativos, Fecolfin, presentó diferentes solicitudes. El propósito es contribuir a la recuperación de las comunidades y organizaciones afectadas. Entre las propuestas se encuentran alivios para los deudores y nuevas alternativas de financiación. También se plantearon modificaciones temporales en obligaciones y procedimientos administrativos. Las solicitudes buscan responder a las dificultades generadas por la emergencia. El debate involucra tanto a las organizaciones como a las entidades encargadas de su supervisión.
Entre las medidas solicitadas por Fecolfin se encuentran refinanciaciones, períodos de gracia y acceso a nuevas líneas de crédito para los deudores afectados. La Federación también planteó el aplazamiento de determinadas obligaciones tributarias nacionales y territoriales. A esto se suma la solicitud de ampliar o suspender temporalmente los plazos para la presentación de reportes y procedimientos administrativos. Otro de los puntos consiste en permitir la presentación extemporánea de información sin sanciones cuando el incumplimiento esté directamente relacionado con las dificultades ocasionadas por la emergencia. Estas propuestas buscan facilitar la recuperación de las organizaciones. También pretenden evitar que las afectaciones derivadas del desastre se traduzcan en mayores dificultades financieras. La aplicación de estas medidas dependerá de las disposiciones que adopten las autoridades competentes. El proceso continúa en análisis institucional.
Como parte de la respuesta, la Superintendencia de la Economía Solidaria publicó un proyecto de Circular Externa con instrucciones especiales para las organizaciones vigiladas afectadas por la situación de desastre nacional. La entidad informó inicialmente que recibió observaciones sobre el proyecto hasta el 24 de agosto de 2026. Posteriormente, el 25 de septiembre publicó una nueva versión para comentarios relacionada con el Decreto 1171 del 11 de agosto y el Decreto 1416 del 17 de septiembre. Esta nueva etapa contempla observaciones hasta el 2 de octubre de 2026. La documentación se encuentra disponible en el portal oficial de la Superintendencia. El proceso muestra que las medidas continúan en fase de revisión normativa. Por ello, el alcance definitivo dependerá de las disposiciones que finalmente sean expedidas.
El proyecto contempla disposiciones relacionadas con plazos para determinados reportes, identificación de deudores afectados y alternativas para modificar las condiciones de algunas obligaciones. Estas herramientas buscan facilitar el cumplimiento de los compromisos financieros de quienes resultaron afectados por la emergencia. También se plantean medidas orientadas a garantizar la continuidad de las organizaciones solidarias y de los servicios que prestan a sus asociados y comunidades. La supervisión deberá considerar las condiciones particulares derivadas de la situación de desastre. Al mismo tiempo, las organizaciones tendrán que atender las obligaciones que permanezcan vigentes. La finalidad de las disposiciones transitorias es establecer condiciones especiales durante el periodo de afectación. La aplicación concreta estará determinada por la regulación definitiva. El sector permanece atento a los cambios que adopte la autoridad de supervisión.
Uno de los asuntos que continúa sobre la mesa corresponde a las obligaciones tributarias solicitadas por Fecolfin. Entre ellas se encuentran planteamientos relacionados con el IVA, la retención en la fuente, el impuesto predial y el impuesto de Industria y Comercio, ICA. Estas medidas requieren decisiones dentro de los ámbitos de competencia de las autoridades nacionales y territoriales. Por esta razón, los alivios tributarios no dependen únicamente de las disposiciones de la Superintendencia de la Economía Solidaria. El sector solidario mantiene la expectativa de conocer si se adoptarán mecanismos especiales frente a estas obligaciones. Mientras tanto, las organizaciones deberán atender las disposiciones tributarias que se encuentren vigentes. La discusión forma parte de la respuesta integral solicitada frente a los efectos de la emergencia. Su definición será relevante para las entidades que enfrentan dificultades económicas derivadas del desastre.
Otro aspecto de seguimiento está relacionado con los reportes extemporáneos y las posibles sanciones. Las organizaciones afectadas han planteado la necesidad de contar con condiciones especiales cuando las dificultades generadas por la emergencia les impidan cumplir oportunamente con determinadas obligaciones de información. El proyecto de la Superintendencia incorpora disposiciones específicas sobre estos procedimientos. Sin embargo, será necesario conocer el texto definitivo para establecer con precisión cuáles reportes estarán cobijados. También deberá determinarse bajo qué condiciones podrán aplicarse las medidas transitorias. Esta precisión resulta relevante para las organizaciones vigiladas. El objetivo es evitar interpretaciones diferentes frente a las obligaciones durante el periodo de emergencia. La regulación final permitirá conocer el alcance de las medidas. Hasta entonces, el proyecto continúa sujeto al proceso de observaciones y ajustes.
La respuesta institucional también involucra a la Unidad Solidaria, que mantiene seguimiento a las medidas dirigidas a las comunidades y organizaciones afectadas. Su participación se relaciona con el acompañamiento al sector de la economía solidaria y con la articulación de acciones destinadas a fortalecer las organizaciones. La emergencia plantea retos que van más allá del acceso al crédito, pues también afectan la capacidad operativa y productiva de diferentes comunidades. En este escenario, la coordinación entre entidades públicas y organizaciones del sector resulta relevante. Las medidas de supervisión deben complementarse con acciones de recuperación y fortalecimiento territorial. El objetivo es contribuir a que las organizaciones puedan mantener sus servicios y avanzar en sus procesos de recuperación. La atención a las comunidades afectadas requiere respuestas articuladas. El seguimiento continuará conforme se conozcan las decisiones definitivas del Gobierno Nacional.
El proceso de regulación frente a la emergencia continúa abierto y el sector solidario permanece atento a las decisiones que adopten las autoridades. La Superintendencia de la Economía Solidaria mantiene publicados los proyectos de norma relacionados con la situación de desastre nacional y actualmente recibe observaciones sobre la nueva versión hasta el 2 de octubre de 2026. Las organizaciones podrán revisar los documentos oficiales y conocer las disposiciones que finalmente sean adoptadas. Mientras avanza este proceso, permanecen en discusión las solicitudes relacionadas con alivios financieros, obligaciones tributarias, reportes y procedimientos administrativos. La definición de estas medidas determinará el alcance de la respuesta institucional para las entidades afectadas. Para el sector, el desafío será recuperar su capacidad operativa sin perder la continuidad de los servicios a sus asociados. La Unidad Solidaria continuará atenta a las decisiones que contribuyan a la recuperación territorial. El proceso busca generar condiciones para que las organizaciones solidarias puedan superar los efectos de la emergencia.