El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció medidas para enfrentar prácticas de carnetización ilegal que, según las autoridades, serían utilizadas por estructuras armadas para ejercer control social e influir en procesos electorales. La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, aseguró que esta situación representa una nueva manifestación de la violencia en varias zonas del departamento.
El Gobierno Nacional anunció nuevas medidas para enfrentar presuntos casos de carnetización ilegal promovidos por estructuras armadas en distintas regiones del país. La advertencia fue realizada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien aseguró que estas prácticas han sido utilizadas durante varios años como mecanismos de control sobre comunidades vulnerables.
Según explicó el funcionario, la preocupación radica en que dichas acciones podrían convertirse en instrumentos de presión social y política, especialmente en periodos electorales. De acuerdo con las denuncias recibidas por las autoridades, algunos grupos ilegales estarían utilizando estos mecanismos para influir en la conducta de la población y fortalecer su presencia territorial.
Frente a esta situación, Sánchez anunció que el Gobierno impartió instrucciones específicas a las Fuerzas Militares y de Policía para actuar contra cualquier manifestación de constreñimiento armado que afecte la libertad de los ciudadanos. El objetivo, indicó, es garantizar el ejercicio pleno de los derechos democráticos y evitar cualquier forma de intimidación.
Las declaraciones del ministro coinciden con las alertas emitidas desde diferentes departamentos, entre ellos Tolima, donde la gobernadora Adriana Matiz ha venido denunciando desde 2024 la existencia de prácticas asociadas a la carnetización por parte de grupos armados ilegales que operan en algunas zonas del territorio.
La mandataria departamental afirmó que este fenómeno representa una transformación en las formas tradicionales de violencia, señalando que las estructuras criminales están recurriendo a estrategias de coerción social para ejercer influencia sobre las comunidades sin recurrir necesariamente a acciones armadas visibles.
De acuerdo con Matiz, estas dinámicas se estarían presentando principalmente en municipios ubicados en el sur, suroriente y oriente del Tolima, donde las autoridades han identificado riesgos relacionados con la presencia y accionar de grupos ilegales. La gobernadora insistió en la necesidad de fortalecer las medidas de prevención y protección para los habitantes de estas zonas.
Las autoridades nacionales consideran que este tipo de prácticas constituyen una amenaza para la convivencia y la institucionalidad democrática, especialmente cuando buscan limitar la autonomía de los ciudadanos o condicionar decisiones relacionadas con la participación política y electoral.
Mientras avanzan las acciones de verificación e investigación, el Ministerio de Defensa reiteró que continuará coordinando esfuerzos con las autoridades territoriales para identificar a los responsables y evitar cualquier intento de presión sobre la población. El Gobierno aseguró que la prioridad es proteger los derechos de los ciudadanos y garantizar que los procesos democráticos se desarrollen en condiciones de libertad, seguridad y transparencia.
