Tropas de la Sexta Brigada inhabilitaron dos unidades de producción minera en la vereda Guaipa, donde fueron intervenidos equipos utilizados para la extracción ilícita de oro que, según las autoridades, estaría relacionada con las finanzas del GAO-r Comisión Gerónimo Galeano.
Un nuevo golpe contra las economías ilícitas fue reportado por el Ejército Nacional en el sur del Tolima. Tropas del Batallón de Infantería N.º 18 Coronel Jaime Rooke, adscrito a la Sexta Brigada, intervinieron una zona de la vereda Guaipa, en jurisdicción de Coyaima. La operación estuvo orientada contra actividades de explotación ilícita de yacimientos mineros. Según la información militar, estas actividades también estarían afectando de manera considerable el ecosistema de la zona. El procedimiento permitió intervenir dos unidades de producción minera que funcionaban de manera ilegal.
La operación se desarrolló a partir de labores de inteligencia que permitieron establecer la ubicación del área donde presuntamente se adelantaban las actividades extractivas. De acuerdo con el Ejército, la explotación minera habría servido como una fuente de financiación para el GAO-r Comisión Gerónimo Galeano, del Bloque Central Comandante Isaías Pardo. La intervención se concentró en las estructuras y equipos empleados para desarrollar la extracción. Las tropas realizaron el procedimiento con el propósito de afectar la actividad económica ilegal. La institución señaló que este tipo de operaciones buscan reducir las fuentes de financiación de los grupos armados residuales.
Durante la intervención fueron inhabilitadas dos unidades de producción minera, conocidas como UPM. En el lugar se encontraron diferentes equipos utilizados para las labores de explotación, entre ellos una excavadora. También fue intervenido un motor Cummins y una clasificadora metálica, elementos que, según las autoridades, estaban relacionados con la actividad minera. La inhabilitación de estos equipos representa una afectación directa a la capacidad operativa de las estructuras dedicadas a la extracción ilícita. El material intervenido fue valorado por las autoridades dentro del resultado económico de la operación.
El Ejército estimó en $467 millones la afectación económica correspondiente a la inhabilitación del material y los equipos encontrados en el lugar. A esta cifra se suma el impacto calculado sobre la extracción mensual que, de acuerdo con la información militar, alcanzaría aproximadamente 3.300 gramos de oro. La institución estimó esta afectación a la producción en $1.478.076.864. De esta manera, el resultado representa un golpe económico considerable para la actividad ilegal identificada en Guaipa. Las cifras corresponden a las estimaciones entregadas por las autoridades militares tras la operación.
Más allá del componente financiero, la intervención también busca contener los efectos ambientales asociados a la explotación ilícita de minerales. Según el Ejército, las actividades desarrolladas en el sector generaban remoción indiscriminada del subsuelo. Este tipo de prácticas puede alterar las condiciones naturales del terreno y afectar los ecosistemas donde se desarrollan. La operación permitió suspender las actividades que, de acuerdo con las autoridades, estaban generando estos impactos en la vereda. La protección de los recursos naturales fue presentada como otro de los objetivos centrales del procedimiento.
La afectación sobre las fuentes hídricas constituye igualmente una de las preocupaciones señaladas por las autoridades. El Ejército indicó que la actividad minera ilegal venía generando contaminación de fuentes de agua en el sector de Guaipa. La utilización de maquinaria y las modificaciones realizadas al terreno pueden generar impactos sobre los recursos naturales. Por esta razón, la intervención militar fue presentada no solamente como una acción contra las economías ilícitas, sino también como una medida de protección ambiental. La recuperación de las condiciones del ecosistema dependerá de las acciones posteriores de las autoridades competentes.
La Sexta Brigada señaló que continuará desarrollando operaciones contra la explotación ilícita de yacimientos mineros en diferentes zonas del Tolima. Estas acciones buscan intervenir actividades económicas que puedan estar relacionadas con estructuras armadas organizadas residuales. Al mismo tiempo, las autoridades pretenden reducir los daños ocasionados a los recursos naturales por actividades extractivas desarrolladas al margen de la ley. La presencia institucional en estos territorios busca fortalecer las acciones de seguridad y protección ambiental. Coyaima se suma así a los sectores donde se adelantan operaciones contra este tipo de economías ilícitas.
El resultado registrado en la vereda Guaipa deja como balance la inhabilitación de dos unidades de producción minera y de los equipos utilizados para su funcionamiento. De acuerdo con las cifras entregadas por el Ejército, la operación generó una afectación económica estimada en más de $1.945 millones, al sumar el valor de los equipos y la extracción mensual calculada. La institución también destacó el componente ambiental de la intervención. Las operaciones contra la minería ilegal continuarán, según la Sexta Brigada, con el propósito de afectar las fuentes de financiación de los grupos armados y proteger los ecosistemas del departamento.
