Una decisión judicial suspendió las medidas que apartaron a Diego Alonso Amaya Montejo de la gerencia y representación legal de la cooperativa. La disputa con la Superintendencia de Transporte continúa y el proceso aún no tiene una decisión definitiva.
La intervención de Velotax entró en una nueva etapa luego de que un juez ordenara suspender temporalmente las medidas que habían separado a Diego Alonso Amaya Montejo de la gerencia y representación legal de la cooperativa.
La decisión judicial se produjo tras la acción presentada por Amaya, quien argumentó que no contó con garantías suficientes para ejercer su derecho a la defensa antes de que la Superintendencia de Transporte adoptara las medidas que terminaron retirándolo del cargo.
El juzgado le concedió parcialmente la razón y determinó que, mientras avanza el proceso judicial, deben suspenderse los efectos de las decisiones que habían ocasionado su salida de la gerencia de Velotax.
Como consecuencia de la medida, Amaya podrá retomar temporalmente sus funciones como gerente y representante legal de la cooperativa, mientras el administrador que había sido designado deberá apartarse de esas labores mientras permanezca vigente la protección judicial.
La Superintendencia de Transporte, sin embargo, no comparte la determinación y presentó los recursos correspondientes para controvertir la decisión. Por ello, el conflicto jurídico continúa y será la justicia la encargada de determinar el rumbo definitivo del proceso.
La decisión tampoco significa que la Superintendencia haya perdido sus facultades de control sobre Velotax ni que las actuaciones administrativas hayan sido declaradas ilegales o anuladas. Lo que existe, por ahora, es una suspensión temporal de sus efectos.
Para garantizar el cumplimiento de la orden judicial, la Superintendencia dispuso comunicar la decisión a la Cámara de Comercio de Ibagué, de manera que la representación legal de la cooperativa pueda reflejar la medida mientras permanezca vigente.
El futuro de Velotax dependerá de las próximas decisiones judiciales, en medio de una disputa que comenzó con las medidas adoptadas por la Superintendencia durante 2026. La cooperativa permanece bajo un escenario de incertidumbre y la situación podría modificarse nuevamente si los tribunales toman una nueva determinación.
