Las declaraciones del alcalde Camilo Valencia sobre los promotores de la consulta popular de 2017 desataron nuevas reacciones entre defensores del territorio. Mientras la Administración pide claridad sobre el futuro del proyecto minero y los títulos asociados, los ambientalistas insisten en respetar la decisión ciudadana y proteger la vocación agrícola del municipio.
El futuro del proyecto minero La Colosa volvió al centro del debate público en Cajamarca, Tolima, tras las declaraciones del alcalde Camilo Valencia sobre algunos de los líderes que impulsaron la consulta popular de 2017, en la que la ciudadanía rechazó los proyectos mineros en el municipio.
El mandatario cuestionó el papel de ciertos dirigentes ambientales y afirmó que algunos habrían utilizado la defensa del territorio como plataforma política sin traducirla en resultados concretos para la comunidad. También se refirió a la participación campesina durante una sesión del Concejo relacionada con el Acuerdo Municipal 005 de 2026.
Las declaraciones generaron reacciones entre activistas y defensores ambientales, quienes sostienen que la consulta popular fue el resultado de años de movilización social, organización campesina y participación ciudadana. Para estos sectores, la decisión representó una expresión colectiva sobre el modelo de desarrollo que desean para Cajamarca.
Entre las voces que han defendido la legitimidad de ese proceso se encuentra Yefferson Rojas, junto con otros activistas que destacan la importancia de proteger las fuentes de agua, los suelos productivos y la tradición agrícola de un municipio reconocido por su aporte a la producción de alimentos.
La controversia también se relaciona con el futuro de La Colosa, iniciativa minera vinculada durante años a AngloGold Ashanti y cuyo cambio de propiedad, según la información suministrada, involucra a Mineros S. A. Este movimiento ha generado nuevos interrogantes sobre el proyecto y sobre las decisiones empresariales, ambientales y jurídicas que podrían incidir en su desarrollo.
En este contexto, Valencia ha solicitado al Gobierno nacional claridad sobre los títulos mineros, los alcances de la consulta popular y las decisiones que se adoptarán frente a la iniciativa. Además, ha planteado la necesidad de analizar alternativas económicas para el municipio ante la posibilidad de que la explotación minera no avance.
Otro punto de discusión es el Acuerdo Municipal 005 de 2026, relacionado con 33 predios declarados de utilidad pública e interés social para la conservación ambiental y el desarrollo de actividades agropecuarias sostenibles. La medida se suma a las diferencias sobre el uso del suelo y las prioridades que deben orientar la planificación territorial de Cajamarca.
La discusión continúa abierta entre quienes reclaman respuestas institucionales sobre el futuro económico del municipio y quienes defienden la decisión ciudadana de 2017 y la protección ambiental. El desafío será establecer, con información verificable y dentro del marco jurídico vigente, cómo se resolverán las controversias sobre La Colosa y qué modelo de desarrollo responderá a las necesidades de la población.
