Claro que nadie está de acuerdo con la violencia o la destrucción a infraestructura ninguna y mucho menos si son negocios o propiedades privadas construidas durante muchos años con el sudor de su frente y honesto trabajo, muy distinto al exigió sudor de los políticos nuestros. Pero es poco menos que inconcebible que el balance sea la preocupación por un supuesto vandalismo a bienes, que en realidad es la expresión del inconformiso ciudadano por el sistema económico y social que envilece a familias enteras del país y que se reactivó en modo de protesta pública debido a un detestable abuso policial.
Y lo digo no en defensa de la intolerancia si no porque esos CAIs que se deben reconstruir, las paredes que se tienen que pintar, las sedes bancarias a arreglar, pues se van de levantar con mis impuestos y los suyos, los que seguimos pagando, y con los cuales también nos han obligado a pagar los enormes robos al erario de políticos, grandes empresarios y altos funcionarios con Odedrecht, Reficar, Saludcoop, El Guavio, Hidrohituango, Foncolpuertos, Interbolsa, Carrusel de la Contratación en Bogotá. Fidupetrol, cartel de la hemofilia, Dirección Nacional de Estupefacientes, el robo de Luis H y sus bellacos en los Juegos Nacionales, y dejemos ahí porque faltaría espacio para mencionar solo los últimos; ¡ah! y de paso ahora darle 370 millones de dólares a una empresa no colombiana como Avianca, mientras se quebró a pequeños y medianos empresarios y comerciantes.
No. Aquí el problema es saber de una vez la verdad, el por qué la Policía luego de cometer semejante abuso a la vista de muchos y el posterior asesinato del abogado Javier Ordónez, salió a disparar a los manifestantes en Bogotá según las denuncias y videos que hoy se conocen, dejando el terrible y siniestro saldo de 13 personas muertas -especialmente jóvenes- en esas jornadas, con heridas graves a casi 80 y algo más de 200 con lesiones generales. También resultaron 194 policías heridos. Ese es el meollo del asunto público que nos corresponde como sociedad discutir y esclarecer, que no se puede desviar ni olvidar.
Por eso, es necesario exigir el conocer por instrucciones de quién actuaron los policiales esas noches, quién y cómo se las impartió, dónde y de quién recibieron ese tipo de capacitación para controlar protestas; porque recordemos que por lo menos a seis de los compatriotas que resultaron muertos en la capital del país les dieron disparos directo al tórax o entre el tórax y el abdomen. Lo cual no pareciera ser ni muchos menos una coincidencia. Además de ser descubiertos policías con sus chaquetas al revés, ocultando sus identidades y vestidos de civil. Como en las peores dictaduras del mundo, muy al estilo venezolano.
Y mientras este tema importante debe afrontarse de frente, para darle soluciones y corregir para evitar que se repitan y más inocentes resultes asesinados. Algunos parecer más interesados en pasarlo de largo, agitan, como tratando de volverlo un poema sagrado, el respeto absoluto y ciego a las instituciones; pero desafortunadamente son los mismos a los que les conviene que sigan sin mejora, sin reformarse, sin analizarse a la luz pública sus problemáticas internas, para que sin estas mutar para mejorar, ellos las sigan utilizando para conservar sus propios intereses de poder mezquino. Hacen un llamado en su defensa y de supuesto espíritu democrático de dientes para afuera, como si con ello se solucionaran de fondo y de manera real los problemas cancerígenos que todos conocemos y padecemos, como los que carcomen a la Policía o el mismo Congreso, por ejemplo.
De otro lado, debo exigir respeto por la actividad periodística, la libertad de prensa y de información. Porque mientras cumplían con el deber de informar se registraron aleves atentados contra esa libertad la semana pasada y eso no se puede callar ni tolerar ni ser cómplice de semejante abuso. La propia Fundación para la Libertad de Prensa estableció que entre el 9 y 10 de septiembre se registraron 20 casos de violación a esa libertad, en la cual se vieron involucrados 22 reporteros, de dichos casos 16 fueron responsabilidad directa de la Policía.
Detenciones ilegales, amenazas, agresiones físicas, obstrucción a la labor, contra colegas en ejercicio de su función. Además dos detenciones ilegales, una contra un fotoperiodista del medio universitario Mi Ciudad, de la universidad Agustiniana, Diego Patiño; y otros contra tres de nuestros paisanos ibaguereños: Cristian Trijillo, Luis Rengifo y Kevin Charry, del portal digital La Otra Verdad. Ante eso uno no puede quedarse callado por no incomodar a un comandante policial o el político en turno. No señor. Respeto a la prensa.
