Mientras el presidente Abelardo De La Espriella protagoniza ejercicios de tiro con fusil y pistola en Tolemaida, el Tolima, el Huila y el Cauca enfrentan una preocupante escalada de violencia. Los atentados en Planadas, Algeciras, La Sierra, Balboa y Totoró dejan muertos, heridos y comunidades aterrorizadas. El contraste abre un debate sobre la efectividad de la política de seguridad del Gobierno Nacional y su capacidad para proteger a la población civil.
La seguridad nacional atraviesa uno de sus momentos más preocupantes en varias regiones del país, mientras el presidente Abelardo De La Espriella aparece protagonizando demostraciones militares en el Fuerte de Tolemaida, disparando fusiles y pistolas y presenciando ejercicios tácticos junto a la cúpula de las Fuerzas Militares. Una escena que contrasta con la realidad que viven miles de colombianos sometidos al miedo y la violencia.
La visita presidencial, realizada el 1 de noviembre, incluyó demostraciones de paracaidismo, asalto aéreo, combate urbano, tiro de alta precisión y operaciones de unidades especiales. Aunque el mandatario defendió el fortalecimiento militar, las imágenes generaron cuestionamientos sobre la prioridad que debería tener su agenda: ¿mostrar destrezas con las armas o garantizar que las comunidades puedan vivir sin temor a los atentados?
La pregunta cobra mayor relevancia por lo ocurrido en Planadas, Tolima, donde un ataque con explosivos mediante una volqueta bomba sacudió el municipio durante la noche del 1 de noviembre. El balance preliminar reportó cuatro personas fallecidas, entre ellas una bebé de apenas dos meses, y 18 heridos, además de 177 viviendas afectadas, según el reporte de la Gobernación departamental.
La crisis tampoco se limita al territorio tolimense. En Algeciras, Huila, la explosión de una motocicleta bomba frente a un establecimiento comercial dejó muerto al patrullero Julián Esmith Castaño López y varias personas heridas. En el Cauca, los ataques en La Sierra, Balboa y Totoró volvieron a poner en evidencia la capacidad de las estructuras armadas ilegales para ejecutar acciones violentas en zonas urbanas y poner en riesgo a la población civil.
Lo más cuestionable es que estas situaciones no aparecen de la noche a la mañana. En octubre, el Ministerio de Defensa anunció para el Huila el regreso de la Fuerza de Despliegue Rápido, refuerzos de investigación judicial, sistemas tecnológicos contra drones y acciones para combatir la extorsión. Sin embargo, los recientes atentados demuestran que los anuncios institucionales todavía enfrentan enormes desafíos para traducirse en protección efectiva.
En el Tolima, la emergencia de Planadas deja una pregunta incómoda para el Gobierno Nacional: ¿cómo explicar que una población termine con familias destruidas, infraestructura hospitalaria comprometida y decenas de viviendas afectadas mientras el Ejecutivo insiste en proyectar autoridad mediante demostraciones militares? La presencia de soldados y policías es necesaria, pero debe acompañarse de inteligencia, prevención, control territorial y protección permanente de la ciudadanía.
Por supuesto, respaldar a las Fuerzas Militares no significa convertir la seguridad en un espectáculo presidencial. El país necesita resultados verificables, estrategias sostenibles contra las disidencias y garantías para las comunidades rurales y urbanas. También requiere respuestas frente a la extorsión, los ataques con drones, las economías ilegales y el debilitamiento de la presencia institucional en territorios históricamente afectados por el conflicto armado.
Abelardo De La Espriella tiene la responsabilidad constitucional y política de demostrar que su discurso de autoridad puede convertirse en resultados concretos. Mientras en Tolemaida se exhiben fusiles y capacidades de combate, en Planadas, Algeciras y distintos municipios del Cauca las familias esperan algo mucho más elemental: poder salir de sus casas, enviar a sus hijos al colegio y vivir sin miedo a una explosión. Colombia no necesita un presidente jugando a la guerra frente a las cámaras; necesita un Gobierno capaz de evitar que la guerra siga destruyendo a sus ciudadanos.
