Según el abogado y especialista en gestión urbana y ambiental Ernesto Carlos Santana, los hallazgos técnicos obligarían a revisar aspectos como la edificabilidad, la densidad de ocupación del suelo e incluso la altura permitida para nuevas construcciones, con el fin de proteger a la población frente a eventuales riesgos sísmicos.
La posible adopción por parte del Municipio de Ibagué de los estudios de sismicidad, geotecnia y microzonificación sísmica elaborados por la Universidad de los Andes podría generar cambios significativos en las normas urbanísticas de la ciudad.
La discusión sobre el crecimiento vertical de Ibagué podría entrar en una nueva etapa. De acuerdo con Ernesto Carlos Santana, abogado, magíster en Gestión Urbana y especialista en Gobierno, Desarrollo y Gestión Ambiental, la actualización de los estudios sobre la Falla de Ibagué y las condiciones geotécnicas del denominado Abanico de Ibagué representa un insumo técnico que las autoridades locales no pueden ignorar.
El profesional explicó que los estudios, desarrollados por la Universidad de los Andes desde 2007, actualizados en 2020 y aprobados por la Comisión Sismológica en 2025, permiten identificar con mayor precisión la traza de la falla geológica, las características del suelo y su posible relación con estructuras volcánicas como el complejo del Morrón.
“Si estos estudios son adoptados oficialmente por el municipio, no se trataría de una decisión discrecional de la administración, sino del cumplimiento de una obligación legal orientada a prevenir riesgos y proteger la vida de los ciudadanos”, señaló Santana.
Restricciones a la construcción serían una posibilidad real
Según el experto, uno de los principales efectos de estos estudios podría reflejarse en la reglamentación urbanística. Esto significaría que algunos sectores de la ciudad podrían quedar sujetos a nuevas condiciones para la construcción de viviendas, edificios y proyectos urbanísticos.
Santana explicó que la altura de las edificaciones no constituye un derecho absoluto de los constructores, sino que depende de la capacidad del suelo para soportar estructuras y de los niveles de amenaza sísmica identificados técnicamente.
“Cuando los estudios de microzonificación muestran fenómenos como amplificación de ondas sísmicas, presencia de fallas geológicas o condiciones geotécnicas desfavorables, las autoridades están facultadas e incluso obligadas a imponer restricciones sobre la intensidad de ocupación del suelo y la altura de las edificaciones”, afirmó.
De acuerdo con el análisis jurídico presentado por el especialista, a mayor altura de una construcción, mayor puede ser su vulnerabilidad frente a determinados efectos sísmicos si el terreno presenta características que incrementen el riesgo.
La ley obliga a incorporar la gestión del riesgo
El profesional recordó que la Constitución Política establece como una de las finalidades esenciales del Estado la protección de la vida y los bienes de las personas, mientras que los municipios tienen la responsabilidad de ordenar adecuadamente su territorio.
Asimismo, señaló que la Ley 388 de 1997 obliga a incorporar las zonas de amenaza y riesgo dentro de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), definiendo restricciones o limitaciones para el desarrollo urbano cuando existan condiciones que puedan poner en peligro a la población.
A ello se suma la Ley 1523 de 2012, que creó el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y establece que los alcaldes deben integrar los estudios técnicos de amenaza y vulnerabilidad en la planificación territorial.
“Cuando aparecen nuevos estudios científicos avalados por entidades competentes, surge para las autoridades el deber de actuar bajo los principios de prevención y precaución para evitar que se generen nuevas condiciones de riesgo”, sostuvo.
Para Santana, el verdadero debate no gira únicamente en torno a la posibilidad de construir edificios más altos o más bajos, sino sobre cómo garantizar que el crecimiento de la ciudad se realice de manera segura y sostenible.
En ese sentido, advirtió que la eventual incorporación de estos estudios podría traducirse en modificaciones al Plan de Ordenamiento Territorial, ajustes en las licencias urbanísticas y mayores exigencias técnicas para los nuevos desarrollos inmobiliarios.
“La planificación territorial debe responder a la realidad física del territorio. Si la evidencia científica demuestra la existencia de amenazas sísmicas o geotécnicas que requieren medidas especiales, las autoridades tienen el deber de adoptar las decisiones necesarias para proteger la vida de los habitantes de Ibagué”, concluyó.
