El alcalde de Planadas reconoció que no existe regulación sobre la venta de combustible en el municipio, un factor clave que podría facilitar la minería ilegal, mientras crecen denuncias sobre presunta corrupción en la región.
Una preocupación creciente se instala en el sur del Tolima luego de que la Alcaldía de Planadas reconociera un vacío en las medidas para combatir la minería ilegal, específicamente en el control de combustibles.
El alcalde Juan Camilo Hueje confirmó que, aunque existen restricciones para el ingreso de maquinaria pesada, no se ha implementado ningún decreto que limite la venta de combustible, insumo fundamental para este tipo de actividades ilícitas.
“En el municipio de Planadas a hoy no tenemos presencia de minería por maquinaria pesada… tenemos decreto de limitación de ingreso de maquinaria”, explicó el mandatario, defendiendo las acciones adoptadas por su administración.
Sin embargo, al referirse al abastecimiento de combustible, fue enfático en admitir la ausencia de controles. “No, nosotros no tenemos un decreto de restricción de venta de combustible”, señaló, lo que ha generado cuestionamientos sobre la efectividad de la estrategia.
Expertos y líderes locales advierten que esta falta de regulación podría facilitar indirectamente operaciones ilegales en zonas cercanas, permitiendo el suministro de recursos esenciales para la extracción ilícita de minerales.
El contraste se hace evidente frente a otros municipios como Ataco, donde sí se han implementado medidas restrictivas para controlar la comercialización de combustible como mecanismo de contención.
A este panorama se suman denuncias que circulan en el sur del departamento sobre presuntos sobornos a integrantes de la Fuerza Pública, quienes supuestamente estarían recibiendo millonarias sumas para permitir el paso de maquinaria vinculada a minería ilegal.
Frente a estos señalamientos, el coronel John Vargas, comandante de la Policía del Tolima, indicó que no existen denuncias formales que permitan abrir investigaciones, aunque confirmó que un equipo de contrainteligencia analiza la situación, mientras se insiste en el llamado a la ciudadanía para aportar pruebas y esclarecer los hechos.
