El representante a la Cámara pidió explicaciones por el caso de dos campesinos detenidos tras una presunta quema y advirtió que los incendios ya habrían afectado cerca de 50.000 hectáreas en el Tolima, con graves consecuencias para la producción rural.
Un fuerte debate se registró durante el control político a la emergencia por incendios forestales que atraviesa el Tolima, luego de que el representante a la Cámara Renzo García cuestionara públicamente a la directora de Cortolima, Olga Lucía Alfonso Iannini, por el caso de dos campesinos que habrían sido contratados para realizar una quema en una finca y posteriormente terminaron detenidos.
García pidió explicaciones sobre las circunstancias que rodearon este caso y cuestionó la forma en que fueron señalados los campesinos después de su detención. “¿Por qué una funcionaria de Cortolima contrata dos campesinos para que hagan una quema en su finca y después estos campesinos son detenidos y tildados como los peores criminales del departamento del Tolima?”, manifestó el congresista durante su intervención.
El representante insistió en que el caso debe ser esclarecido y que las responsabilidades individuales no pueden establecerse únicamente a partir de señalamientos. En ese sentido, reclamó respuestas a Cortolima sobre la participación que habría tenido una funcionaria de la entidad y sobre las circunstancias que llevaron a la detención de los dos trabajadores rurales.
Durante el debate, el congresista también llamó la atención sobre la magnitud de la emergencia ambiental que enfrenta el departamento. García aseguró que el Tolima “hoy se está quemando” y citó cifras cercanas a 50.000 hectáreas afectadas por los incendios forestales, una situación que, según advirtió, trasciende el impacto sobre los ecosistemas y amenaza directamente las actividades productivas.
De acuerdo con las cifras expuestas durante la discusión, alrededor de 28.000 hectáreas corresponderían a sistemas productivos, con afectaciones registradas en cultivos de maíz, limón y otros productos agrícolas. Entre los municipios mencionados se encuentran Valle de San Juan, San Luis, Guamo, Ortega, Coyaima y Natagaima, territorios donde numerosas familias dependen directamente de la producción agropecuaria.
García sostuvo que la emergencia también está golpeando a las comunidades campesinas e indígenas, debido a la pérdida de cultivos y fuentes de sustento. Para el congresista, las consecuencias económicas pueden profundizarse si no se implementan medidas de recuperación, asistencia técnica y apoyo directo a los productores afectados por la temporada de incendios.
El representante cuestionó además la respuesta entregada por el Gobierno Nacional y pidió que las acciones frente a la emergencia superen los anuncios públicos. “No nos quedemos solamente en los anuncios y en los shows mediáticos”, afirmó García, al reclamar una intervención efectiva que permita atender tanto los daños ambientales como las necesidades de las familias damnificadas.
Finalmente, el congresista alertó sobre la dimensión social de la crisis y aseguró que muchas familias rurales enfrentan dificultades para garantizar incluso su alimentación. “Hoy la gente en el departamento del Tolima está aguantando hambre”, señaló, mientras pidió una respuesta institucional permanente y un mayor acompañamiento del Congreso ante una emergencia que calificó como una de las peores crisis socioambientales recientes del departamento.
