La Procuraduría General de la Nación imputó falta gravísima a Erika Melissa Palma Huertas, exgerente del IBAL, por presuntas irregularidades en la celebración de un contrato de prestación de servicios profesionales para asesorías en comunicación durante 2024.
La Procuraduría General de la Nación avanzó en su investigación y formuló pliego de cargos contra Erika Melissa Palma Huertas, quien se desempeñó como gerente de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado (IBAL). Los cargos se relacionan con presuntas irregularidades en un contrato de prestación de servicios profesionales.
De acuerdo con el organismo de control, la exfuncionaria, en su rol de ordenadora del gasto, habría autorizado en 2024 un contrato para la generación, implementación y evaluación de planes estratégicos de comunicación en la oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas del IBAL.
El expediente disciplinario señala posibles inconsistencias en el cumplimiento de las normas de contratación estatal. Además, se cuestiona el respeto a las disposiciones sobre austeridad del gasto público durante la celebración del acuerdo. Uno de los principales cuestionamientos radica en el cumplimiento de los requisitos de idoneidad del contratista seleccionado. La Procuraduría también investiga si los honorarios pactados superaron los topes permitidos por la normativa vigente.
Según el pliego de cargos, el contrato se habría suscrito sin cumplir plenamente con los requisitos exigidos por la entidad. Esto incluye posibles fallas en su estructuración, justificación y ejecución. La Procuraduría calificó provisionalmente la conducta de Erika Melissa Palma Huertas como falta gravísima a título de dolo. Esta calificación indica que, de comprobarse, podría conllevar sanciones disciplinarias severas.
El caso se centra en un contrato de asesorías en comunicación, un área administrativa de la empresa. Las autoridades buscan determinar si hubo un adecuado uso de los recursos públicos en esta contratación. Este proceso se encuentra actualmente en etapa de investigación. En esta fase se recopilarán más pruebas y se escuchará a la exfuncionaria para determinar su responsabilidad disciplinaria.
El IBAL, como empresa prestadora de servicios públicos en Ibagué, maneja recursos sensibles para la ciudadanía. Por esta razón, cualquier irregularidad en su contratación genera especial atención por parte de los órganos de control. Las investigaciones de la Procuraduría buscan enviar un mensaje claro sobre la importancia de la transparencia y el cumplimiento de las normas en la administración pública, especialmente en entidades que prestan servicios esenciales a la comunidad.
