El congresista electo denunció la ineficacia estatal ante la expansión de la minería ilegal y exigió declarar emergencia ambiental en el Tolima.
La expansión sin precedentes de la minería ilegal en el departamento del Tolima ha regresado con fuerza al centro del debate público nacional. El representante a la Cámara electo, Renzo García, lanzó una serie de denuncias contundentes sobre el crecimiento desmedido de esta actividad que devasta ecosistemas. Según el congresista, el territorio enfrenta una crisis que sobrepasa la capacidad de respuesta de las autoridades locales actuales. Por esta razón, ha solicitado formalmente que se declare una emergencia ambiental para articular acciones directas. Esta medida obligaría al Estado a intervenir de manera integral y no solo mediante operativos aislados. La preocupación radica en que el daño ambiental podría volverse irreversible si no se actúa ahora.
García fue enfático al aclarar que lo que ocurre en el departamento no debe confundirse bajo ninguna circunstancia con minería artesanal. De acuerdo con sus investigaciones, se trata de operaciones industriales a gran escala que están siendo coordinadas por estructuras criminales. Estas organizaciones cuentan con una logística robusta que les permite operar en zonas de difícil acceso y alta biodiversidad. El impacto de estas actividades no solo afecta la capa vegetal, sino que compromete seriamente las fuentes hídricas. Las comunidades locales han comenzado a reportar sedimentación y contaminación por químicos pesados en ríos que son vitales. Para el representante, ignorar la magnitud técnica de estas operaciones es un error estratégico que favorece al crimen.
Uno de los puntos más álgidos de su denuncia fue la cuantificación de la maquinaria pesada que opera ilegalmente. El congresista aseguró que estas estructuras delictivas disponen de aproximadamente 500 excavadoras distribuidas en distintos puntos críticos del Tolima. La presencia de tal cantidad de maquinaria sugiere una falta de control territorial alarmante por parte de la fuerza pública. García cuestionó cómo es posible que equipos de tales dimensiones transiten y operen sin ser detectados por los radares oficiales. Esta situación pone en entredicho la eficacia de los retenes y las labores de vigilancia en las vías. La magnitud del despliegue logístico de los mineros ilegales parece superar con creces los esfuerzos estatales.
En medio de sus declaraciones, el representante criticó duramente lo que denominó como una «política del show» por parte del Gobierno. Según su visión, los operativos actuales se limitan a destruir una o dos máquinas para generar titulares de prensa. «Queman una retroexcavadora, pero hay 500. ¿Cómo pasan esas 500 por las narices de todos?», afirmó con indignación manifiesta. Para García, estas acciones mediáticas no atacan la raíz del problema ni desmantelan las finanzas de las organizaciones. La quema simbólica de maquinaria no ha logrado reducir el volumen de extracción de oro ilegal en la región. Se requiere, según él, una estrategia de inteligencia financiera que persiga a los verdaderos dueños del capital.
El llamado de atención también estuvo dirigido a la falta de liderazgo y coordinación entre las distintas instituciones ambientales. García lanzó un mensaje directo a la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, para que asuma un rol protagónico. Así mismo, instó a la directora de Cortolima, Olga Lucía Alfonso, a adoptar medidas administrativas mucho más rigurosas. La crítica principal apunta a que la burocracia está impidiendo una reacción rápida frente a la velocidad de la minería. El congresista insiste en que las entidades deben dejar de trabajar de forma aislada para formar un frente común. Sin una dirección clara, los esfuerzos individuales de la policía y el ejército seguirán siendo insuficientes.
La tensión aumentó durante el reciente encuentro de la Federación Nacional de Departamentos celebrado en la ciudad de Ibagué. En este escenario, García y la directora de Cortolima, Olga Lucía Alfonso, protagonizaron un fuerte cruce de posturas. El congresista reiteró su propuesta de declarar la calamidad pública para facilitar la inversión de recursos en la zona. Alfonso, por su parte, defendió la gestión de la corporación y rechazó las acusaciones de inacción estatal. El debate dejó en evidencia las profundas grietas que existen entre el legislativo y la autoridad ambiental regional. Mientras García pide cambios estructurales, la entidad asegura que ya trabaja de la mano con el Gobierno.
La respuesta de Olga Lucía Alfonso no se hizo esperar ante los micrófonos de los medios de comunicación presentes. La funcionaria defendió los operativos realizados y aseguró que no se trata de intervenciones aisladas sin un plan. Según Alfonso, Cortolima mantiene un trabajo articulado con la fuerza pública y el Gobierno nacional para proteger los recursos. Sin embargo, lanzó una frase que caldeó aún más los ánimos de los asistentes al evento gremial. «Echarle culpas desde el escritorio es muy fácil, echarle culpas desde los micrófonos es muy fácil», aseveró la directora. Con esto, sugirió que las críticas del congresista electo carecen de conocimiento sobre la realidad del terreno.
El futuro del sur del Tolima permanece incierto mientras la minería ilegal sigue avanzando sobre los activos naturales. La confrontación política entre García y las autoridades departamentales marca un nuevo capítulo en la lucha por el territorio. La sociedad civil espera que esta disputa dialéctica se transforme pronto en soluciones concretas para los ríos y bosques. El debate sobre si los operativos actuales son efectivos o meros actos de distracción continuará en las agendas regionales. Por ahora, las 500 excavadoras mencionadas por el representante siguen siendo el símbolo de un desafío estatal monumental. La declaratoria de emergencia ambiental solicitada queda ahora en manos de las instancias de decisión nacional.
