Las autoridades confirmaron que el audio atribuido a supuestas disidencias de las Farc y relacionado con respaldo político al candidato presidencial Iván Cepeda fue elaborado desde la cárcel de Picaleña, en Ibagué. El caso generó preocupación nacional por el impacto de la desinformación en medio del proceso electoral y encendió las alertas sobre la seguridad democrática.
El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, alertó sobre el incremento de la desinformación en medio de la coyuntura electoral que vive el país de cara a las elecciones presidenciales de 2026. El funcionario aseguró que la circulación de contenidos falsos en redes sociales y sistemas de información representa una amenaza para la estabilidad institucional y la tranquilidad ciudadana. Según explicó, la volatilidad política aumenta a medida que avanzan las campañas y eso eleva el riesgo de manipulación informativa.
Las declaraciones surgieron luego de conocerse un audio que fue atribuido falsamente a supuestas disidencias de las Farc. En la grabación se mencionaba al presunto cabecilla “Rogelio Benavides”, quien aparentemente hacía referencia a la campaña presidencial de Iván Cepeda. El contenido generó preocupación en diferentes regiones del país, especialmente en el departamento del Huila, donde comerciantes y empresarios interpretaron el mensaje como una amenaza directa.
Tras las primeras verificaciones, la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa descartaron cualquier vínculo entre el audio y estructuras armadas ilegales lideradas por alias Calarcá o alias Iván Mordisco. Las autoridades señalaron que el material no provenía de grupos insurgentes, sino de una red delincuencial dedicada a la extorsión desde centros penitenciarios del Tolima.
La investigación permitió establecer que la grabación habría sido producida desde el Complejo Carcelario y Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Picaleña, ubicado en Ibagué. Allí, según las autoridades, operaba una estructura criminal que durante los últimos tres meses venía difundiendo mensajes intimidatorios con fines extorsivos y de presión social.
El pasado 28 de abril de 2026, uniformados de la Policía Nacional realizaron una diligencia de allanamiento y registro en el Patio 10 del centro penitenciario. El procedimiento estuvo dirigido contra alias “Sergio” o “David”, señalado como el presunto responsable de coordinar la producción y distribución de los audios falsos desde el interior del establecimiento carcelario.
La Dirección de Antisecuestro y Extorsión adelantó análisis técnicos sobre las grabaciones y concluyó que los mensajes fueron elaborados para sembrar miedo y generar presión sobre sectores económicos y políticos. Las autoridades indicaron que esta modalidad delincuencial buscaba aprovechar el ambiente electoral para amplificar el impacto de las amenazas y aumentar la percepción de inseguridad.
El ministro Sánchez insistió en que no existe evidencia que relacione el audio con estructuras insurgentes reales. El jefe de la cartera de Defensa sostuvo que las investigaciones preliminares permitieron confirmar que todo hacía parte de una estrategia de extorsión organizada desde la cárcel y no de un plan armado contra el proceso electoral colombiano.
La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el INPEC, continúa desarrollando operativos para identificar a todos los involucrados en la red delincuencial. Las autoridades buscan evitar nuevas alteraciones al orden público y frenar la expansión de contenidos falsos que puedan afectar la confianza ciudadana durante las votaciones presidenciales.
Frente a este panorama, el Gobierno Nacional reiteró el llamado a denunciar cualquier intento de chantaje o intimidación a través de la línea gratuita 165 del GAULA. Las autoridades garantizaron absoluta reserva para quienes entreguen información que permita avanzar en las investigaciones relacionadas con extorsión y desinformación.
El caso abrió un nuevo debate en Colombia sobre el impacto de las noticias falsas y la manipulación digital en escenarios políticos. Expertos y autoridades coinciden en que la difusión masiva de información engañosa podría convertirse en uno de los mayores desafíos para la seguridad democrática durante el actual calendario electoral.
