El Proyecto de Ley 477 de 2026, denominado Ley de Rescate Económico, propone reducir gradualmente el impuesto de renta empresarial, incluyendo beneficios para el sector financiero, mientras plantea extender el IVA a productos de la canasta familiar que actualmente están excluidos o tienen tarifas diferenciales. La iniciativa abre un debate sobre quiénes recibirían los beneficios tributarios y qué impacto tendría la reforma en el bolsillo de los colombianos.
El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella presentó una propuesta de reforma tributaria que ha generado cuestionamientos por los cambios que plantea para las empresas, el sector financiero y los consumidores. Se trata del Proyecto de Ley 477 de 2026, denominado Ley de Rescate Económico, que contempla una reducción progresiva del impuesto de renta empresarial y, al mismo tiempo, una ampliación de los productos gravados con IVA. La iniciativa busca modificar disposiciones del Estatuto Tributario y establecer nuevas condiciones para la tributación en Colombia. Sin embargo, uno de los puntos que más llama la atención es que los bancos tendrían una reducción en su carga tributaria, mientras alimentos de consumo cotidiano podrían comenzar a pagar el impuesto del 19 %. El proyecto todavía debe superar su trámite en el Congreso de la República.
De acuerdo con el artículo 57 de la propuesta, la tarifa general del impuesto de renta para las empresas pasaría del 35 % actual al 33 % durante 2027. Posteriormente, desde 2028, se reduciría hasta alcanzar el 31 %. El Gobierno argumenta que esta modificación permitiría mejorar las condiciones para la inversión privada, fortalecer la competitividad empresarial y estimular la generación de nuevos puestos de trabajo. La reducción también tendría efectos sobre las grandes compañías y diferentes sectores de la economía nacional. No obstante, el debate se concentra en la distribución de los beneficios y en la capacidad del Estado para mantener sus ingresos fiscales. Los críticos de este tipo de medidas suelen advertir sobre la necesidad de evaluar quiénes reciben realmente los incentivos.
Uno de los sectores que también se beneficiaría sería el financiero, particularmente los bancos y las entidades con una renta gravable igual o superior a 120.000 UVT. Según el proyecto, estas instituciones pasarían de una tarifa combinada del 40 % al 38 % en 2027 y al 36 % entre 2028 y 2030. La propuesta mantiene una sobretasa de cinco puntos porcentuales para las entidades financieras, pero extiende su aplicación hasta 2030. Sin esta modificación, la sobretasa vigente finalizaría en 2027 y posteriormente se aplicaría la tarifa general del 35 %. De esta manera, las entidades bancarias tendrían una reducción tributaria frente al esquema que se aplicaría sin la reforma. La medida genera interrogantes sobre la conveniencia de disminuir los impuestos a un sector que registra importantes utilidades.
Las cifras financieras también alimentan la discusión sobre los beneficios que recibiría la banca colombiana. Según los datos de la Superintendencia Financiera citados en la información del proyecto, los 30 establecimientos bancarios registraron utilidades por 11,4 billones de pesos entre enero y agosto de 2026. En el mismo periodo de 2025, las ganancias habían alcanzado los 8,27 billones de pesos, lo que representa un crecimiento nominal cercano al 38 %. Este comportamiento contrasta con las dificultades económicas que enfrentan numerosos hogares y pequeños comerciantes. Por eso, la reducción de la carga tributaria bancaria podría convertirse en uno de los principales puntos de controversia durante el debate legislativo. La discusión estará centrada en si estos beneficios se traducirán en mayor inversión, crédito y oportunidades para los ciudadanos.
En contraste con las reducciones propuestas para las empresas, la iniciativa contempla ampliar el cobro del IVA del 19 % a productos alimenticios que actualmente están excluidos o cuentan con tratamientos diferenciales. Entre los artículos mencionados aparecen frutas, verduras, legumbres, café, azúcar y otros productos de consumo habitual. La aplicación de estos cambios está prevista a partir de enero de 2028, de acuerdo con el texto presentado. De aprobarse en los términos planteados, la modificación podría encarecer diferentes productos que hacen parte de las compras habituales de millones de familias colombianas. El impacto dependerá de los productos que finalmente queden gravados, las condiciones de aplicación y la posibilidad de establecer mecanismos de compensación. Este componente de la reforma podría convertirse en uno de los asuntos de mayor sensibilidad social.
Otro de los componentes de la propuesta es la creación del Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial, conocido como RUGE. Este mecanismo establecería condiciones y tarifas preferenciales para grandes proyectos de inversión que cumplan determinados requisitos. El Gobierno sostiene que con este instrumento busca atraer capitales, impulsar proyectos productivos y generar estabilidad para las empresas que desarrollen inversiones de largo plazo. Sin embargo, también será necesario conocer los criterios de acceso, los compromisos de generación de empleo y los controles para evitar que los beneficios se concentren en un grupo reducido de compañías. La discusión sobre los incentivos empresariales tendrá que considerar sus efectos sobre la economía regional, las pequeñas empresas y las finanzas públicas. Su alcance definitivo dependerá de lo que establezca el Congreso durante el estudio de la iniciativa.
La reforma también debe analizarse dentro del contexto de las necesidades fiscales del país y de las fuentes de financiación del presupuesto nacional. Por una parte, el Gobierno plantea disminuir los impuestos empresariales para estimular la actividad económica y atraer inversiones. Por otra, propone ampliar la base de productos sujetos al IVA, una medida que podría trasladar parte de la carga tributaria hacia los consumidores. Este contraste abre un debate sobre la equidad del sistema tributario y la distribución de los esfuerzos económicos entre empresas, bancos y ciudadanos. También será fundamental establecer cuánto recaudaría el Estado con los nuevos impuestos al consumo y cuánto dejaría de recibir por las reducciones de renta. Sin una evaluación integral de esos efectos, resulta difícil determinar el balance fiscal y social de la propuesta.
El Proyecto de Ley 477 de 2026 todavía debe surtir su trámite legislativo y podría experimentar modificaciones durante las discusiones en el Congreso de la República. Mientras el Gobierno defiende la reducción de impuestos empresariales como una herramienta para dinamizar la economía, los cambios relacionados con el IVA sobre los alimentos plantean preocupaciones por su posible repercusión en el costo de vida. La pregunta que queda sobre la mesa es si los beneficios tributarios para las grandes empresas y el sector financiero terminarán reflejándose en mejores condiciones para los colombianos o si el mayor esfuerzo económico recaerá sobre los consumidores. El debate apenas comienza y sus resultados definirán el alcance de una reforma que podría modificar tanto la tributación empresarial como el precio de los alimentos en el país.
