El Comando Unitario del Tolima calificó de «regresiva» la subida de la tarifa y convocó a una gran movilización para el 28 de enero, exigiendo a la Alcaldía una mesa de concertación y tarifas diferenciales.
Un ambiente de creciente inconformidad social se vive en Ibagué tras la confirmación de un paro ciudadano convocado para el próximo 28 de enero. La protesta surge como respuesta directa al incremento en la tarifa del transporte público colectivo, una decisión que sindicatos, organizaciones sociales y asociaciones de padres de familia consideran injustificada. Según los convocantes, el aumento afecta de manera directa la economía de los hogares, especialmente de los sectores populares. Advierten que el alza se impuso sin socialización suficiente ni estudios técnicos públicos que respalden la decisión. La movilización promete una amplia participación ciudadana en distintos puntos de la ciudad.
El Comando Unitario del Tolima, integrado por centrales obreras como la CUT, CTC, CGT y el sindicato SIMATOL, emitió un pronunciamiento en el que califica el aumento del pasaje como una medida regresiva. En el documento, las organizaciones señalan que se pretende cobrar un sistema de transporte obsoleto como si se tratara de uno moderno. Critican la falta de renovación de la flota y la ausencia de mejoras visibles en la calidad del servicio. Para los sindicatos, el incremento no guarda coherencia con el comportamiento del salario mínimo ni con el precio de los combustibles. Además, cuestionan el modelo de recaudo vigente.
De acuerdo con el Comando Unitario, el actual sistema beneficia principalmente a los operadores, mientras precariza las condiciones laborales de los conductores. Los líderes sindicales advierten que la falta de planeación del Sistema Estratégico de Transporte Público continúa trasladando los costos a los usuarios. Esta situación, aseguran, profundiza la desigualdad social y limita el acceso a un derecho básico como la movilidad. Por ello, consideran que la decisión administrativa desconoce la realidad económica de la mayoría de los ibaguereños. El rechazo al alza se ha extendido rápidamente en distintos sectores de la ciudad.
Jhonatan Varón, vocero de la Central Unitaria de Trabajadores, confirmó que el punto central de concentración será la calle 37 con carrera Quinta. En este sector se realizarán plantones, marchas y cierres viales de carácter pacífico. Varón explicó que la movilización busca visibilizar el impacto del alza en estudiantes, adultos mayores y trabajadores que utilizan el transporte público a diario. También se espera la participación de juntas de acción comunal y veedurías ciudadanas. El objetivo es ejercer presión social para que la administración municipal reconsidere la medida.
Desde el gremio transportador también se han expresado críticas frente al manejo del tema. José Edison Pava rechazó declaraciones de la Secretaría de Movilidad que, a su juicio, estigmatizan a quienes protestan. El dirigente afirmó que los ciudadanos no pueden ser señalados por defender su derecho a una movilidad digna y asequible. Aseguró que el incremento podría incentivar el transporte ilegal y agravar la crisis financiera del sistema. Para el gremio, la falta de diálogo ha profundizado el malestar social en la ciudad.
Ante este panorama, el Comando Unitario del Tolima extendió una invitación formal a la alcaldesa Johana Ximena Aranda para instalar una mesa de concertación antes del 28 de enero. Los sindicatos plantean la necesidad de construir soluciones conjuntas que no recaigan exclusivamente sobre el bolsillo de los usuarios. Entre las propuestas está la implementación de tarifas diferenciales para estudiantes, adultos mayores y personas en condición de vulnerabilidad. De no lograrse avances, advirtieron que las movilizaciones podrían extenderse en el tiempo.
La discusión por el alza del transporte ha derivado en un debate más amplio sobre la calidad de vida y la gestión pública en Ibagué. Los ciudadanos denuncian jornadas laborales extensas para los conductores, esquemas de pago precarios y un servicio que no responde a las necesidades actuales de la ciudad. Para muchas familias, asumir varios pasajes diarios representa un gasto insostenible. Las centrales obreras anunciaron que permanecerán en asamblea permanente para definir nuevas acciones. La expectativa ciudadana se mantiene frente a una respuesta oficial de la Alcaldía.
Finalmente, se conoció que las autoridades de policía preparan dispositivos de seguridad para garantizar el orden durante la jornada de protesta. No obstante, los líderes sociales insisten en que la mejor garantía de tranquilidad es la apertura de un diálogo serio y técnico. Ibagué se prepara para una posible parálisis parcial en la movilidad y en algunas actividades económicas. El 28 de enero se perfila como una fecha clave para medir la gobernabilidad local. El desenlace del conflicto dependerá, según los convocantes, de la voluntad política para revisar una decisión que hoy une a la ciudad en el rechazo.
