Autoridades del Tolima alertaron sobre la presunta instrumentalización de niños, niñas y adolescentes en zonas de minería ilegal para impedir operativos de la Fuerza Pública. Desde la Gobernación hicieron un llamado urgente al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para garantizar la protección de los menores y exigir responsabilidades a padres y tutores.
La Gobernación del Tolima lanzó una fuerte advertencia frente a la presunta utilización de menores de edad en escenarios relacionados con actividades de minería ilegal en el departamento. Funcionarios de la administración seccional rechazaron de manera contundente cualquier forma de instrumentalización de niños, niñas y adolescentes para obstaculizar los operativos adelantados por las autoridades en diferentes zonas del territorio tolimense.
De acuerdo con las declaraciones entregadas por representantes del Gobierno Departamental, estas acciones no solo vulneran los derechos fundamentales de los menores, sino que además podrían constituir infracciones a la Constitución, al derecho internacional y a las normas de protección y tenencia responsable de la niñez en Colombia. Las autoridades insistieron en que los padres y tutores tienen obligaciones legales frente al cuidado y bienestar de los menores.
Desde la administración departamental señalaron que actualmente se busca establecer plenamente la identificación y caracterización de los menores involucrados, evitando especulaciones sobre el número de niños presentes en estas situaciones y el origen de los mismos. En ese sentido, indicaron que la gobernadora Adriana Magali Matiz impartió directrices para garantizar acompañamiento institucional y protección de derechos humanos en las zonas intervenidas.
Las autoridades también solicitaron la presencia activa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como entidad garante de los derechos de la niñez en el país. Según explicaron, el objetivo es verificar las condiciones en las que se encuentran los menores y garantizar que no sean expuestos a situaciones de riesgo durante los operativos relacionados con actividades de extracción ilegal de minerales.
La Gobernación indicó que, junto con la Fuerza Pública, la Secretaría del Interior y la Secretaría de Inclusión Social vienen adelantando acompañamiento institucional desde el enfoque de convivencia, seguridad y protección de derechos humanos. Las autoridades recalcaron que las intervenciones deben realizarse bajo protocolos establecidos y respetando las garantías constitucionales de las comunidades involucradas.
Asimismo, los funcionarios señalaron que la presencia de menores en estos escenarios estaría siendo utilizada como mecanismo para impedir la acción de las autoridades, bajo la percepción de que la institucionalidad no puede intervenir cuando hay niños presentes. Frente a ello, insistieron en que ningún interés puede justificar poner en peligro la vida e integridad de niños y adolescentes.
Las autoridades departamentales también aclararon que la minería es una actividad legal contemplada dentro del ordenamiento constitucional colombiano, siempre y cuando cumpla con los requisitos ambientales, técnicos y administrativos establecidos por la Agencia Nacional de Minería. Por ello, hicieron un llamado a quienes ejercen esta actividad para avanzar en procesos de formalización y legalización minera.
Finalmente, desde el Gobierno del Tolima reiteraron su rechazo absoluto frente al uso de menores en medio de conflictos relacionados con minería ilegal y exigieron mayor responsabilidad por parte de padres y tutores. Además, pidieron que los niños permanezcan en escenarios de formación y educación, lejos de contextos de riesgo, mientras las autoridades competentes continúan evaluando posibles medidas de protección y acciones judiciales frente a estos hechos.
