Una investigación basada en información solicitada a la Cámara de Representantes reveló la composición de las Unidades de Trabajo Legislativo de varios congresistas tolimenses. Familiares de dirigentes, exfuncionarios, comunicadores y personas cercanas a sectores políticos aparecen entre los contratados, mientras crecen las preguntas sobre los criterios de selección.
La conformación de las Unidades de Trabajo Legislativo, UTL, de varios representantes del Tolima para el periodo 2026-2030 comenzó a generar cuestionamientos en diferentes sectores políticos y ciudadanos del departamento. La información, obtenida mediante un derecho de petición presentado ante la Cámara de Representantes, permitió conocer nombres y asignaciones salariales. Los datos fueron divulgados inicialmente por el medio El Informativo Sur Tolima. En los listados aparecen familiares de dirigentes, exfuncionarios, comunicadores y personas vinculadas a procesos políticos regionales. La discusión ahora se centra en los criterios utilizados para conformar estos equipos.
Cada representante a la Cámara dispone de recursos para integrar su UTL y determinar los cargos de sus colaboradores. Estos equipos cumplen funciones de asesoría, apoyo legislativo y acompañamiento al trabajo parlamentario. Sin embargo, la presencia de personas con vínculos políticos o familiares conocidos ha despertado interrogantes. La situación no implica por sí misma la existencia de una irregularidad. No obstante, sí plantea la necesidad de conocer los perfiles, funciones y criterios utilizados para realizar las vinculaciones. La transparencia resulta especialmente relevante cuando se trata de recursos públicos.
En el caso de la representante Delcy Isaza, su UTL está integrada por seis personas y representa una inversión mensual reportada de $74.288.915. Entre los nombres conocidos figura Liliana Soler Carvajal, esposa del exgobernador del Tolima Ricardo Orozco. Soler tendría una asignación mensual de $26.263.575, según la información divulgada. También aparece Juliana Macías Barreto, identificada como sobrina del exsenador Óscar Barreto, con una asignación de $21.010.860. El listado incluye además a Leydi Lorena Alzate, Laura Valentina Romero, Rosa Angélica Alzate y Diana María Zamora.
La UTL del representante Carlos Edward Osorio está conformada por cinco personas y registra una inversión mensual de $52.526.150. En este grupo aparecen los hermanos Carlos Andrés y Diana Rocío López Chica. Carlos Andrés fue alcalde de Fresno, mientras Diana Rocío se desempeñó como diputada del Tolima. Los demás integrantes relacionados en el listado son Andrea Lisseth Castro, David Gerardo Ariza y Yeni Carolina Angarita. Los salarios reportados oscilan entre $5.252.715 y $26.263.575 mensuales. El caso vuelve a poner sobre la mesa la presencia de figuras con trayectoria política dentro de las UTL.
Por su parte, el representante Renzo Alexander García cuenta con seis integrantes en su equipo legislativo. Entre los nombres destacados aparece Hilda Cárdenas, quien anteriormente estuvo vinculada a la UTL de la representante Olga Beatriz González. También habría trabajado con el exrepresentante Ángel María Gaitán, de acuerdo con la información divulgada. Su asignación mensual aparece registrada en $12.256.335. El equipo también está integrado por Daniel Felipe Segura, Jhojann Stiven Granados, Michell Andrés Gutiérrez, Nicolayev Castiblanco y Harold Duban Gómez. Las asignaciones reportadas suman cerca de $56 millones mensuales.
Uno de los equipos más numerosos corresponde al representante Marco Emilio Hincapié, con diez personas y una inversión mensual reportada de $87.545.250. Allí aparecen Javier Andrés Guerra, quien fue jefe de prensa durante la administración de Guillermo Alfonso Jaramillo en Ibagué. También figura Juan Diego Angarita, exsecretario de Apoyo a la Gestión durante ese gobierno. Otro nombre que ha generado atención es el de Gabriela Muñoz Olaya, reconocida influencer con exposición pública. La UTL incluye además a Jeraldine Rodríguez, Jerson Gabriel Ruiz, Andrey Sebastián Mateus, Diego Ricardo Romero, Juan Sebastián Amézquita, Wilson Alberto Pedraza y Nelson Eduardo Casabianca.
El representante Alejandro Martínez también tiene una UTL integrada por diez personas, con una inversión mensual reportada de $87.545.250. En el listado aparece Yolanda de Jesús Pérez Londoño, esposa del exalcalde de Melgar Rodrigo Hernández. Pérez fue además candidata a la Alcaldía de ese municipio en las elecciones atípicas posteriores a la salida de su esposo del cargo. Otro nombre conocido es el de Omar Julián Valdez, columnista y exsecretario de Desarrollo Agropecuario del Tolima. Valdez también estuvo al frente de la Escuela de Café y cuenta con trayectoria relacionada con proyectos agrícolas. Los demás integrantes corresponden a Claudia Patricia Mahecha, Manuela Prado, Angy Nikole Velandia, Ruth Xenia Ramírez, Carlos Alberto Suárez, Robert Emilio Torres, Verónica Manrique y John Manuel García.
En el caso del representante Guillermo Alvira, la información divulgada registra cuatro integrantes en su UTL y una inversión mensual de $49.025.340. Entre los nombres aparece Alicia Olaya, esposa del exsecretario de Desarrollo Agropecuario y Producción Alimentaria del Tolima, Fernando Borja. Su nombre también ha sido relacionado con escenarios políticos regionales de cara a las próximas elecciones territoriales. La UTL se completa con Paola Andrea Heredia, Laura Inés Muñoz y Juliana Mejía. La composición de este equipo se suma al debate sobre los perfiles escogidos por los congresistas. El análisis de las hojas de vida y funciones permitiría establecer el componente técnico de cada vinculación.
La discusión también alcanzó a la representante Yaneth Sabogal, especialmente por la ausencia, entre los nombres conocidos públicamente, de algunas personas que la acompañaron durante su campaña electoral. Entre quienes estuvieron visibles en ese proceso se menciona al periodista Julio Molina, además de dirigentes, líderes y profesionales que participaron en actividades políticas en el sur del Tolima. La situación ha generado preguntas sobre los criterios utilizados para seleccionar a los integrantes de su UTL. Sectores ciudadanos plantean si se priorizó la experiencia técnica, el conocimiento territorial o compromisos derivados de la campaña. Son interrogantes que requieren respuestas de la propia representante.
El debate de fondo apunta a determinar qué tan vinculadas están las UTL con las necesidades reales de los territorios que representan los congresistas. Chaparral, Ataco, Planadas, Rioblanco y otros municipios del sur del Tolima requieren asesores que conozcan sus problemáticas y capacidad de gestión. Las UTL tienen la responsabilidad de respaldar técnicamente el trabajo legislativo y político de los representantes. Por eso, conocer quiénes las integran, qué funciones desempeñan y cuáles son sus perfiles resulta fundamental. La discusión no debería limitarse a los vínculos políticos o familiares de los contratados. También debe centrarse en la idoneidad, experiencia y resultados que cada equipo pueda demostrar.
La información conocida abre un debate sobre el uso de los recursos destinados a las UTL y sobre la responsabilidad de los congresistas al seleccionar a sus colaboradores. La existencia de parentescos o antecedentes políticos no constituye automáticamente una conducta irregular, pero sí puede justificar solicitudes de información y rendición de cuentas cuando existen recursos públicos involucrados. El reto para los representantes será explicar las razones de sus decisiones y demostrar la pertinencia de cada contratación. Mientras tanto, la ciudadanía tiene derecho a conocer quiénes trabajan en nombre de sus congresistas. El debate apenas comienza y la transparencia será determinante para establecer si estas UTL representan realmente al territorio o responden principalmente a estructuras políticas.
