La entidad financiera Bancolombia ha sido declarada contractual y parcialmente responsable de este incidente, que resultó en una pérdida de 10.987 millones de pesos para la municipalidad. Como resultado de esta condena, Bancolombia deberá pagar una indemnización de 6.000 millones de pesos a Purificación, además de una multa de 174 millones de pesos, de los cuales el 50% irá destinado a la Superintendencia y el restante a la Red Nacional de Protección al Consumidor.
La Superintendencia Financiera identificó deficiencias tanto en la administración municipal como en la entidad bancaria en este caso. En relación con la Alcaldía de Purificación, se observó que los tokens de seguridad se dejaron en un lugar de fácil acceso y que una de las claves se anotó en una libreta, lo que se considera una evidente falta de diligencia. Además, se señaló que las notificaciones de los retiros sospechosos llegaron a las cuentas de correo electrónico de la Alcaldía, pero no se revisaron oportunamente.
En cuanto a Bancolombia, se le cuestionó por no haber tomado medidas de protección a pesar de que se registraron cerca de 100 transacciones bancarias rechazadas y 307 operaciones monetarias fallidas durante los días 24 y 27 de diciembre de 2021. La entidad financiera argumentó que no bloqueó las cuentas debido a la falta de normativas específicas al respecto y que las operaciones fallidas se consideraron normales.
El detrimento patrimonial resultante de este incidente se estima en 10.849 millones de pesos, de los cuales Bancolombia deberá asumir la mitad, es decir, 5.424 millones de pesos, que, después de una actualización, ascendieron a 6.000 millones de pesos.
El alcalde de Purificación, Cristian Barragán, ha expresado que, aunque celebra el fallo, la decisión será apelada debido a las preocupaciones planteadas por la Defensa Jurídica del Estado sobre las deficiencias de Bancolombia en este caso. Barragán también ha instado a la Fiscalía a acelerar las investigaciones para lograr la captura de las personas responsables del millonario robo cibernético.
Esta decisión marca un hito en los casos de seguridad cibernética en Colombia y resalta la importancia de la responsabilidad compartida entre las entidades financieras y las administraciones públicas para prevenir y abordar incidentes de este tipo.
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