La gestión de Jorge Armando Cabrera Gutiérrez al frente de la Unidad de Salud de Ibagué (USI) llega a su fin tras solo cinco meses, en medio de graves señalamientos por irregularidades en contratos, presiones políticas y la desatención a sus trabajadores.
Su destitución, impulsada por la alcaldesa Johana Aranda, representa la pérdida del último gran bastión de poder del exalcalde Andrés Hurtado, mientras un grupo de 30 empleados denuncia haber trabajado durante meses sin recibir sueldo y bajo amenazas de despido, dejando al descubierto una profunda crisis administrativa y humana en la entidad.
Un terremoto político y administrativo sacudió los cimientos del sector salud en Ibagué con la confirmada salida de Jorge Armando Cabrera Gutiérrez de la gerencia de la Unidad de Salud de Ibagué (USI). Su remoción, que se materializó este martes, no fue una decisión sorpresiva, sino el resultado de una gestión de apenas cinco meses marcada por constantes polémicas y crecientes denuncias que minaron la confianza en su administración. La decisión de la alcaldesa Johana Aranda de apartarlo del cargo marca un punto de inflexión en su gobierno, enviando un contundente mensaje sobre la dirección que busca tomar, lejos de las sombras de su predecesor y en respuesta al clamor ciudadano y de control.
La caída de Cabrera Gutiérrez resuena con especial fuerza en el panorama político local, ya que simboliza el desmantelamiento del último reducto burocrático de influencia que mantenía el exalcalde Andrés Hurtado en el gobierno municipal. La USI era vista como una pieza clave en el ajedrez de poder del “hurtadismo”, y la permanencia de Cabrera garantizaba la continuidad de ciertos intereses. Con esta movida, la alcaldesa Aranda no solo busca sanear una entidad crucial para el bienestar de los ibaguereños, sino también consolidar su propia autoridad y demostrar una ruptura definitiva con las prácticas administrativas que han sido objeto de severos cuestionamientos públicos.
El rostro más dramático de esta crisis se revela en las denuncias de un grupo de aproximadamente treinta trabajadores, quienes fueron contratados para ejecutar labores esenciales de salud pública. Estas personas, dedicadas a la jornada de vacunación de perros y gatos contra la rabia en la USI San Francisco, han alzado su voz desesperada al no recibir sus salarios durante varios meses. Su reclamo evidencia una grave falla administrativa donde, según ellos, la Secretaría de Salud no ha girado los pagos correspondientes a la USI, dejándolos en un limbo financiero y laboral que amenaza directamente el sustento diario de cada una de sus familias.
La situación de estos empleados va más allá de la simple falta de pago, pues los ha sumido en una espiral de deudas y angustia. Han manifestado que, para cumplir con sus obligaciones personales y familiares, se han visto forzados a solicitar préstamos, acumulando intereses que agravan su ya precaria condición económica. A esto se suma la obligación de continuar pagando su seguridad social de su propio bolsillo, un requisito indispensable para mantener su cobertura, pero casi imposible de sostener sin un ingreso fijo. Esta vulnerabilidad expone una deshumanización en la gestión de los recursos humanos de la entidad.
Peor aún, las quejas de los trabajadores no habrían sido recibidas con empatía o soluciones, sino con intimidación y amenazas. Según se ha denunciado, cuando el grupo reclamó por sus emolumentos, la respuesta fue una advertencia de despido, bajo el argumento de que la entidad posee “montones de hojas de vida” y puede reemplazarlos a su antojo. Esta actitud de amedrentamiento no solo viola sus derechos laborales, sino que también revela una cultura organizacional tóxica, donde la presión por cumplir metas se impone sobre la obligación fundamental de remunerar el trabajo ya realizado por cada uno de ellos.
Paralelamente a este conflicto laboral, la administración de Cabrera fue el epicentro de escándalos por presuntas irregularidades en la contratación pública. Un caso que encendió las alarmas fue el de la empresa Servitroal. Esta compañía, que en 2024 tenía un modesto contrato de papelería por 34,9 millones de pesos, experimentó un crecimiento exponencial en menos de un año, pasando a monopolizar los servicios de aseo hospitalario mediante millonarias adiciones y prórrogas. Este cambio tan abrupto generó serias sospechas de favoritismo y posible direccionamiento contractual, atrayendo la atención de los organismos de control.
Otro proceso que ha levantado una polvareda de dudas es la adjudicación de un contrato por 478,6 millones de pesos al Consorcio Biomédicos N&C 2025. El objeto de este millonario acuerdo era la adquisición de equipos médicos destinados a fortalecer la Atención Primaria en la red de salud pública de la ciudad. Sin embargo, fuentes y analistas han señalado la existencia de significativos vacíos técnicos y administrativos en el proceso de licitación, lo que ha sembrado un manto de duda sobre la transparencia y la legalidad de la operación, sugiriendo que los criterios de selección podrían no haber sido los más rigurosos.
La gestión de Cabrera también fue cuestionada por un presunto favorecimiento a cuotas políticas del “clan Hurtado”. Las denuncias apuntan a que, durante su breve periodo, se facilitó el ingreso de familiares y personas cercanas al exalcalde en la planta de personal de la USI. De manera estratégica, muchos de estos nuevos empleados se habrían sindicalizado de inmediato, una táctica que les otorga un blindaje legal ante posibles despidos y que ha sido interpretada como un intento de perpetuar la influencia del gobierno anterior dentro de la nueva administración, generando un profundo malestar entre los trabajadores de carrera.
El cúmulo de señalamientos no pasó desapercibido para las autoridades nacionales. La Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía y el propio Ministerio de Salud iniciaron indagaciones preliminares para esclarecer la veracidad de las graves denuncias. La lupa de los investigadores se ha posado sobre la polémica contratación, la permanencia de las cuotas políticas del hurtadismo dentro de la estructura de la USI y las presuntas irregularidades administrativas que habrían caracterizado estos cinco meses de gestión. El cerco institucional se fue cerrando, haciendo insostenible la continuidad del gerente al frente de la entidad.
La destitución de Jorge Armando Cabrera abre un nuevo capítulo para la USI y para la administración de Johana Aranda, pero también deja importantes interrogantes en el aire. La principal duda es si este movimiento será suficiente para erradicar por completo la influencia del exalcalde Hurtado en las decisiones estratégicas del municipio o si su poder simplemente se reconfigurará en otras esferas. Por ahora, lo cierto es que la pérdida de su último gran alfil en la burocracia local representa un duro golpe para sus aspiraciones y un claro remezón en el tablero de la política ibaguereña, que observa atento los próximos movimientos.
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