El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, aseguró que el colapso financiero de la Nueva EPS se explica por manejos irregulares, contratos sin soporte y registros incompletos. La entidad acumula más pasivos que activos, según el informe oficial.
Un nuevo capítulo en la crisis del sistema de salud se conoció esta semana, luego de que la Contraloría General de la República revelara el preocupante estado financiero de la Nueva EPS, la aseguradora más grande del país. El balance muestra un déficit de $4,5 billones, lo que agrava el panorama de sostenibilidad del modelo actual.
Según el informe, la Nueva EPS reporta $11,7 billones en pasivos, mientras que sus activos apenas alcanzan los $6,7 billones. Esta brecha refleja una incapacidad para responder a sus obligaciones con clínicas, hospitales y proveedores, poniendo en riesgo la atención de millones de afiliados en el territorio nacional.
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, advirtió en entrevista con W Radio que los hallazgos son contundentes y evidencian un manejo inadecuado de los recursos públicos destinados a la salud. “Los datos sobre el estado financiero real de la institución son claros: hay relaciones comerciales sin formalidad, contratos sin soportes legales y registros incompletos”, aseguró.
La cartera de Salud también señaló que la información coincide con las denuncias de hospitales y asociaciones médicas, que han reclamado por los retrasos en pagos y la acumulación de deudas. Para el Gobierno, este escenario demuestra que el problema no es la falta de giros del Estado, sino la forma en que algunas EPS han manejado los recursos.
El déficit de la Nueva EPS, que atiende a más de 11 millones de usuarios, ha generado alarma entre los trabajadores del sector y los pacientes. El riesgo de que la entidad no pueda garantizar los servicios esenciales obliga a acelerar medidas de vigilancia y control por parte de los organismos competentes.
El ministro Jaramillo también insistió en que el modelo de intermediación de las EPS debe ser revisado, pues se han detectado prácticas administrativas que atentan contra la sostenibilidad del sistema. Para él, la evidencia confirma la necesidad de avanzar en una reforma que asegure que el dinero se destine directamente a la atención de los usuarios.
Por su parte, expertos en economía de la salud han señalado que un déficit de tal magnitud no puede cubrirse con más recursos estatales, sino con medidas de saneamiento y responsabilidad fiscal. De lo contrario, las pérdidas seguirán creciendo y comprometerán aún más la estabilidad del sistema.
En medio de este panorama, el Gobierno insiste en la campaña #SeRobaronLaSalud, con la cual busca dejar en evidencia que la crisis actual no se debe a incumplimientos del Estado, sino a prácticas indebidas de intermediación. La discusión sobre el futuro del sistema continúa abierta y en el centro del debate público.
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