Iván David Hernández Guzmán y Hernán Moreno Herrán fueron hallados culpables por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tras adjudicar contratos de manera directa para la compra de equipos médicos.
Un juzgado del circuito de Ibagué (Tolima) emitió fallo condenatorio contra Iván David Hernández Guzmán, exgerente del Hospital Federico Lleras Acosta E.S.E., y Hernán Moreno Herrán, excoordinador de la Unidad de Cuidado Crítico de la misma institución, por irregularidades en la adjudicación de contratos. Ambos fueron considerados coautores del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
La investigación, liderada por la Fiscalía Seccional de la Unidad de Administración Pública, determinó que los procesados comprometieron vigencias futuras sin el debido sustento presupuestal y legal. Este comportamiento fue evidenciado en tres contratos celebrados entre 2009 y 2011 con la empresa Hernández Troncoso y CIA S en C, destinados a la adquisición de equipos para la Unidad de Cuidado Crítico del hospital.
El contrato principal, el 271 de 2009, tenía como objetivo dotar de equipos especializados a las áreas de cuidados intensivos e intermedios de la unidad. El valor inicial de este contrato fue de 208.800.000 pesos, con una opción de compra a los 60 meses. Sin embargo, entre 2010 y 2011, se añadieron dos nuevos contratos por un monto superior a los 2.600 millones de pesos, lo que generó dudas sobre la legalidad de la contratación.
Estos contratos adicionales, que se firmaron con la misma empresa y para el mismo objeto, revelaron que el primer contrato fue solo un distractor. En realidad, los dos contratos sucesivos indicaron una planificación para una contratación a cinco años, violando la normativa vigente.
El análisis de conveniencia de los contratos fue elaborado por Moreno Herrán, quien, además, fue designado supervisor del mismo, lo que desató más interrogantes sobre la transparencia del proceso. Además, se demostró que los contratos fueron adjudicados de manera directa, sin pasar por licitación pública, como exige la ley cuando la cuantía supera los mil salarios mínimos mensuales.
Este proceso judicial resalta la vulneración de los procedimientos legales en una de las instituciones de salud más importantes del Tolima, dejando claro el riesgo de la falta de control en la contratación pública en el sector salud. La lectura de sentencia final fue programada para el próximo 7 de noviembre, donde se determinarán las consecuencias penales para los implicados.
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