Varias extrabajadoras de la clínica Unitrauma, en Ibagué, aseguran que llevan cuatro meses sin recibir sus salarios ni las liquidaciones correspondientes. Ante la falta de respuestas de las autoridades, afirman que sus hijos sufren retrasos en tratamientos médicos, escasez de medicamentos y trabas en la educación.
Extrabajadoras de la clínica Unitrauma en Ibagué denuncian que desde hace cuatro meses no les han pagado sus salarios ni entregado las liquidaciones debidas. Señalan que esta crisis laboral ha comenzado a repercutir directamente en la salud y la educación de sus hijos: se han atrasado tratamientos médicos, escasean medicamentos esenciales y los menores enfrentan restricciones en sus servicios educativos, una situación que, según ellas, acarrea consecuencias graves para el bienestar infantil.
Una de las mujeres afectadas relató que su hija requiere atención médica constante por parte de varios especialistas, pero que desde junio pasado no ha podido reactivar dichos servicios. Explicó que el sistema de salud la reportó como “suspendida por mora” debido a los pagos atrasados de la empresa, lo que ha derivado en la transición automática del régimen contributivo al subsidiado. Ese cambio le impide a la menor acceder a citas médicas, controles psicológicos y a la renovación de la medicación esencial para su tratamiento.
Además, la hija de esta extrabajadora enfrenta trabas en el colegio: el centro educativo no le entrega las calificaciones ni le permite avanzar en el grado correspondiente. Según la madre, estas restricciones agravan aún más el estrés familiar, pues la niña se ve excluida tanto de la atención médica necesaria como de su proceso educativo, sumando otra preocupación a una situación ya crítica.
Frustrada ante la falta de solución, la trabajadora contó que acudió al Ministerio de Trabajo para presentar su caso y le informaron que el proceso podría demorarse “dos o tres meses” más. Mientras tanto, lamenta, Unitrauma sigue contratando nuevo personal. “Me está afectando a mí, está afectando la salud de mi hija, y ni siquiera pedí algo desmedido: le pedí a la jefa un abono para la medicación y no fueron capaces de hacerlo”, relató con evidente indignación.
Otro testimonio confirma la misma situación. Una extrabajadora que se retiró de la clínica en marzo pasado denunció que aún no ha recibido los sueldos de los primeros meses del año ni el pago de su liquidación final. Asegura que, pese a haber escrito varias veces a la gerencia, siempre obtuvo respuestas evasivas. “Escribo y no contestan, siempre son evasivas”, señaló. Además, contó que tras denunciar el caso ante el Ministerio de Trabajo, le pagaron parcialmente dos meses de salario, “pero el otro mes sigue pendiente y la liquidación no me la han pagado”, añadió.
Las trabajadoras enfatizan que, mientras ellas enfrentan deudas acumuladas y ven sus cuentas bancarias congeladas, la clínica opera con normalidad y hasta publica vacantes para nuevos empleos. Señalan que esta contradicción evidencia un grave desinterés de Unitrauma por cumplir con sus obligaciones laborales y legales. En sus palabras, se sienten desprotegidas y abandonadas por la empresa: sin ingresos ni respaldo, mientras la institución sigue funcionando con normalidad.
También critican la pasividad de las autoridades. Según las denunciantes, los trámites ante el Ministerio de Trabajo han sido largos y burocráticos, lo que ha permitido a la clínica evitar sanciones inmediatas. Mientras el caso se dilata, advierten, los hijos de estas trabajadoras siguen siendo las víctimas principales: sin medicación, con tratamientos interrumpidos y sin el apoyo educativo necesario para avanzar en su escolaridad.
Las afectadas insisten en que estos no son casos aislados. Relatan que se han sumado cada vez más testimonios de extrabajadores en la misma situación, pero que la falta de respuesta por parte de las instituciones solo agrava cada día el perjuicio para los menores involucrados. “Nos han dejado solas”, repiten, responsabilizando tanto a Unitrauma como al Ministerio de Trabajo y al sistema de salud por la prolongación de esta crisis en sus hogares.
Por ahora, las extrabajadoras exigen acciones concretas. Piden a Unitrauma que pague de inmediato los salarios atrasados y las liquidaciones adeudadas, y que restablezca la atención en salud para ellas y sus familias. También demandan al Ministerio de Trabajo y a las entidades sanitarias que aceleren las investigaciones, impongan sanciones efectivas contra la clínica y garanticen la protección de sus derechos laborales y sociales.
En resumen, estas mujeres advierten que lo que está en juego son derechos fundamentales: el cobro justo de su trabajo y el bienestar de sus hijos. Mientras el caso sigue su curso legal sin avances inmediatos, responsabilizan a Unitrauma y a las autoridades estatales por las graves consecuencias que esta paralización de pagos ha traído a sus hogares, y exigen que no haya más dilaciones en resolver la situación.
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