El presidente Gustavo Petro confirmó que la Nación ya cargaba con la mitad de la deuda histórica de la Nueva EPS y ahora asumirá el 51% de las acciones, mientras se revelan denuncias sobre el presunto desvío de recursos públicos y se anuncia la salida de la interventora Gloria Polanía. El sistema de salud enfrenta un deterioro acelerado, con aumentos en tutelas, quejas y gastos de bolsillo.
El Gobierno Nacional anunció que asumirá la mayoría accionaria de la Nueva EPS luego de meses de negociaciones con las cajas de compensación, marcando un giro histórico en el modelo de aseguramiento en salud en Colombia. Desde la próxima semana, el Estado tomará control del 51% de la empresa, convirtiéndose en su principal accionista y sellando la transición hacia un esquema completamente público. La decisión se produce en medio de fuertes tensiones financieras y crecientes denuncias sobre el mal manejo de recursos por parte de las entidades promotoras de salud. El anuncio fue acompañado de un mensaje del presidente Gustavo Petro, quien afirmó que la mitad de la deuda de la EPS ya estaba en manos de la Nación desde su creación.
Durante su declaración, el mandatario aseguró que la Nueva EPS representa uno de los casos más graves de endeudamiento oculto en el país, comparándolo incluso con la deuda histórica generada por el subsidio a la gasolina. Petro señaló que desde la transformación del antiguo Instituto de Seguros Sociales en Nueva EPS, poderosas familias políticas habrían aprovechado el control privado para desviar recursos públicos. Según su afirmación, estas familias sabían desde el inicio que cualquier apropiación irregular terminaría siendo asumida en parte por el Estado, generando una deuda que ahora presiona gravemente la sostenibilidad fiscal. El presidente describió el caso como “un robo completo al Estado y a la salud de los colombianos”.
El mandatario agregó que este presunto desfalco se habría prolongado durante años, comprometiendo billones de pesos y contribuyendo directamente a la crisis financiera que atraviesa el sistema de salud. Petro sostuvo que la combinación de control privado y recursos públicos resultó en un “ordeño irreversible” que debilitó a la Nueva EPS al punto de requerir una intervención estructural. Las denuncias del Gobierno se conectan con hallazgos recientes de la Contraloría, entidad que ha advertido sobre más de 14 billones de pesos en recursos sin rastro dentro del sistema de aseguramiento. Para el Gobierno, este caso es apenas “la punta del iceberg” de un problema mayor.
En medio de esta coyuntura, la interventora Gloria Polanía, designada hace apenas unas semanas, presentó su renuncia, la cual fue aceptada de inmediato. Polanía estuvo envuelta en una polémica debido a una supuesta orden de captura que posteriormente fue desmentida, generando dudas sobre la transparencia del proceso. En su reemplazo fue designado Óscar Gálvez, quien ya ha intervenido otras EPS durante el actual gobierno y cuenta con experiencia en procesos de saneamiento financiero. Su llegada marca una nueva fase para la entidad, que deberá afrontar un plan de estabilización en medio de la transición hacia la administración estatal.
El país enfrenta simultáneamente un deterioro crítico en el acceso a la salud, evidenciado por el aumento del 16% en las tutelas médicas y del 79% en las quejas entre 2022 y 2025. Este incremento refleja la creciente dificultad de los ciudadanos para acceder a servicios básicos, medicamentos y tratamientos que deberían ser garantizados por las EPS. A ello se suma el alza del gasto de bolsillo de los colombianos, que llegó al 4,1% de sus ingresos en 2024, una carga que afecta especialmente a familias de estratos bajos. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, señaló que las EPS han incurrido en prácticas que comprometen la vida de los pacientes, como negar servicios o reportar atenciones inexistentes.
Durante la audiencia de rendición de cuentas de la Contraloría General, el ministro Jaramillo fue enfático al denunciar el uso indebido y sistemático de los recursos de la salud por parte de varias EPS. Según explicó, los hallazgos fiscales demuestran que los fondos destinados a la atención médica no aparecen o fueron utilizados para otros fines no autorizados. El ministro resaltó que la intervención estatal en la Nueva EPS es un paso necesario para detener el deterioro del sistema. También argumentó que el Gobierno debe actuar con firmeza frente a las entidades que han ignorado su responsabilidad constitucional de proteger la vida y la salud de los ciudadanos.
La transformación de la Nueva EPS en empresa pública fue posible gracias a la cesión de acciones por parte de Colsubsidio, Cafam y Compensar, que aceptaron modificaciones estatutarias para facilitar el proceso. De manera paralela, la Superintendencia Nacional de Salud aprobó cambios que permitirán la capitalización, reorganización y fortalecimiento de la entidad bajo un modelo estatal. Estas medidas buscan garantizar que la EPS siga funcionando sin afectar la atención de millones de usuarios en todo el país, especialmente aquellos en zonas apartadas donde otros aseguradores no operan. Con este cambio, el Gobierno busca recuperar el control de un servicio considerado esencial.
El Gobierno insistió en que la Nueva EPS cumple un rol estratégico en el régimen subsidiado, especialmente en regiones donde su presencia garantiza continuidad en tratamientos y servicios hospitalarios. La transición a un modelo público, según las autoridades, permitirá al Estado tener una herramienta directa para intervenir en los casos donde los recursos se ven comprometidos por mala gestión. Las autoridades afirmaron que se fortalecerán los mecanismos de vigilancia y auditoría, garantizando mayor transparencia en el uso de los recursos públicos. La meta es que la entidad pueda recuperar su estabilidad financiera sin afectar la cobertura de los usuarios.
No obstante, el proceso viene acompañado de enormes retos financieros, ya que la Nueva EPS mantiene deudas millonarias con clínicas, hospitales y proveedores del sistema. El Gobierno reconoció que la entidad requiere una capitalización urgente para evitar un colapso que afectaría a cerca de diez millones de afiliados. Además, se implementarán auditorías para esclarecer las irregularidades reportadas por los entes de control, así como para identificar responsables de eventuales delitos fiscales. La reestructuración tendrá un fuerte impacto fiscal, pero el Gobierno sostiene que es una medida necesaria para evitar un daño mayor al sistema de salud colombiano.
A pesar de los riesgos, el presidente Gustavo Petro defendió la transición como una oportunidad histórica para fortalecer la salud pública en Colombia. En su visión, un asegurador estatal robusto, transparente y financieramente organizado podría ofrecer mejores garantías a los ciudadanos, evitando las prácticas ilegales que han deteriorado el sistema durante años. El Gobierno apuesta por una reorganización que permita mayor eficiencia, control y acceso a los servicios. Si las reformas prosperan, el país podría dar un paso determinante hacia la consolidación de un modelo de salud más equitativo y sostenible en el largo plazo.
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