El Ministerio de Salud y Protección Social ha lanzado una fuerte advertencia contra la ponencia alternativa de la reforma a la salud radicada en el Congreso, señalando que representa un “retroceso” que garantiza a las EPS el manejo de más de $60 billones de pesos en fondos públicos en los próximos cinco años. La cartera critica que la propuesta mantiene la intermediación financiera y el control del gasto por parte de las EPS, incluso las insolventes, comprometiendo la transparencia y el financiamiento del sistema.
El Ministerio de Salud y Protección Social encendió las alarmas esta semana ante el Congreso de la República, señalando que el texto de la ponencia alternativa a la reforma a la salud es un grave riesgo. La cartera ministerial advirtió que la iniciativa representa un significativo retroceso para el sistema de salud colombiano y que consolida privilegios para las Entidades Promotoras de Salud (EPS).
El principal punto de fricción es el manejo de los recursos públicos. Según el Ministerio, esta nueva propuesta alternativa garantiza a las EPS el control de más de $60 billones de pesos durante los próximos cinco años. Este flujo de dinero se daría a pesar de la conocida situación de insolvencia y las cuantiosas deudas que estas entidades mantienen con la red de hospitales, clínicas y distintos proveedores de servicios.
La crítica central del Gobierno se enfoca en que la ponencia mantiene la intermediación financiera y la potestad de control del gasto por parte de las EPS. Esta continuidad es vista como problemática, pues la historia reciente del sistema ha estado marcada por la incapacidad de estas entidades para cumplir con sus obligaciones financieras de manera oportuna y transparente, poniendo en aprietos a la red prestadora.
Además de la intermediación, el Ministerio denunció la intención de sustituir funciones clave de la cartera por un nuevo Consejo Nacional de Salud. Este consejo, de naturaleza meramente consultiva, pasaría a definir políticas esenciales como el plan de beneficios, las tecnologías médicas y, crucialmente, la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
Una de las advertencias más fuertes radica en la potencial desviación de fondos. El Ministerio aseguró que la iniciativa alternativa permitiría que la UPC, el valor que se paga por cada afiliado para la prestación de servicios, sea utilizada para fortalecer patrimonios privados de las entidades. Incluso, se alertó sobre la posibilidad de que el cálculo final de la UPC dependa de la validación de una universidad extranjera, lo que es considerado inaceptable.
“La UPC debe contribuir a la sostenibilidad financiera del sistema permitiendo a los diferentes actores del sistema operar sin déficit”, señaló la cartera de Salud en el documento de objeción. La preocupación es latente: el uso de la UPC para fines distintos a la atención de la salud pone en riesgo el financiamiento y la operación de la red prestadora en todo el país, que ya opera con márgenes estrechos.
El proyecto también fue señalado por premiar la insolvencia al garantizar el pago de deudas de las EPS con impuestos nacionales, como el IVA social y un punto del Producto Interno Bruto (PIB). Aún más grave, se advirtió que la propuesta concede una “chequera ilimitada” al obligar al Estado a cubrir cualquier exceso de gasto en que incurran las entidades, independientemente de su gestión financiera.
Entre la lista de retrocesos enumerados por el Ministerio, se incluye la eliminación de la cuenta dedicada al fortalecimiento de la red pública hospitalaria. También se critica el desconocimiento de la autonomía territorial en materia de salud, el mantenimiento del negocio de la integración vertical (donde la EPS es dueña de sus propias clínicas) y la continuidad de la segmentación entre regímenes contributivo y subsidiado.
Otro punto de gran impacto social es el que afecta a los trabajadores de la salud y a las madres no cotizantes. La propuesta alternativa, según la denuncia oficial, desconoce derechos laborales de miles de empleados del sector y elimina recursos cruciales destinados a apoyar a más de 300 mil mujeres durante su licencia de maternidad y a sus recién nacidos.
En un comunicado categórico, el Ministerio enfatizó que esta iniciativa significa “perpetuar un modelo de intermediación que concentra y devora los recursos sin controles efectivos”. La cartera concluyó su pronunciamiento con la promesa de seguir defendiendo una reforma que priorice la vida de las personas, garantice la transparencia en el uso de los fondos y haga realidad el derecho fundamental a la salud para todos los colombianos, sin distinciones.
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